Presupuesto 2023: el Gobierno planea bajar la inflación de 95% a 60% y eliminar beneficios impositivos para reducir el déficit

El Gobierno envió este jueves 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso y busca así tener el aval parlamentario para su hoja de ruta económica para el año próximo, que tendrá como pilares una expectativa de inflación mucho más baja que la prevista para el fin de 2022, el sostenimiento de una de las metas principales con el FMI como es la reducción del déficit fiscal, mantener el superávit comercial externo y un crecimiento de la actividad a un ritmo más leve.

Además, el texto de ley incorpora una adenda en la que propondrá a la oposición discutir una idea que manifestó el Fondo Monetario en las últimas conversaciones técnicas: que el Estado tiene espacio para reducir aún más su déficit si pone en marcha la eliminación de algunos beneficios y exenciones tributarias. Si todo ese paquete propuesto fuese eliminado por decisión parlamentaria, le implicaría al fisco un ingreso extra por 2,4% del PBI, lo que representaría prácticamente terminar con el déficit primario.

El Gobierno espera bajar la inflación de 95% en 2022 a 60% el año próximo, mientras proyecta una desaceleración de la actividad económica y una reducción del déficit acorde a lo planificado con el FMI

“Vamos a presentar una separata al proyecto con posibilidad de eliminar beneficios impositivos que representan mas de 2,4% del PBI. Le damos la posibilidad al Congreso de decirles que si animan a estudiar estos impuestos y estos beneficios, se puede mejorar aun más la performance fiscal”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

“Esto va en línea con el diálogo con el FMI, que observa que hay enorme cantidad de beneficios a empresas que se renuevan todos los años sin que el Congreso lo discuta. Lo que le decimos al Congreso es: ‘estudien esto’. Si hay algún beneficio impositivo que puede reducirse, todo eso se agrega al cómputo de superávit”, mencionó una alta fuente oficial.

Economía propondrá, tras una sugerencia del FMI, eliminar beneficios impositivos para bajar aún más el déficit

De acuerdo a datos oficiales, el denominado gasto tributario, que son los impuestos que el Estado deja de recaudar por las facilidades, exenciones y beneficios impositivos, incluye esquemas diferenciales para Ganancias, como las que tienen fundaciones, mutuales y cooperativas, la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia y los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, más otros para IVA y Bienes Personales, junto con los regímenes de promoción económica.

La continuidad del programa económico acordado con el Fondo Monetario implicará que el rojo fiscal, que este año se estima que terminará en 2,5% del Producto Bruto Interno, se reduzca el año que viene hasta 1,9% del PBI, lo que equivaldría una poda mayor a los $700.000 millones. Ese camino se desandará a través de la segmentación de tarifas con tope de consumo, un recorte a los subsidios al transporte y otras medidas que incluso podrían representar un ajuste mayor.

El Presupuesto 2023 está diseñado en base a esa premisa, aunque desde el equipo económico aseguran que si la coyuntura requiriera medidas adicionales hacia el “ordenamiento fiscal”, el Ministerio de Economía podría revisar los gastos tributarios, es decir aquella porción de impuestos que el fisco deja de recaudar por los esquemas diferenciales tributarios.

El texto que Sergio Massa envió al Congreso prevé que este año termine con una mejora de 4% en el Producto Bruto y que el 2023 registre una desaceleración en ese crecimiento, que quedaría así en 2% anual, una velocidad que el Gobierno espera que se sostenga incluso hasta 2025.

La inflación, que este año finalizaría en torno de 100% según las estimaciones privadas, debería retroceder a un ritmo de 60% anual, de acuerdo al proyecto de ingresos y gastos que llegó al parlamento. Esto implicaría una baja de unos 35 puntos porcentuales respecto a la estimación final que hacen en el Palacio de Hacienda para 2022, que orilla el 95 por ciento.

Fuentes oficiales consideraron que esa meta se puede lograr por la vía del ordenamiento fiscal. “La idea general es que bajar el déficit fiscal permite bajar las necesidades de financiamiento monetario, que es la base de la inflación. Es un requisito tener un orden fiscal”, consideraron desde el Ministerio de Economía.

Sergio Massa envió antes de la medianoche del viernes el proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian

Un camino de similar velocidad seguirá el tipo de cambio administrado por el BCRA, que terminaría el 2023 con una variación de 62,1%, un ritmo similar al de la suba de precios. “No va a haber saltos específicos (en la cotización) y bajar la brecha va a depender de cuánta capacidad tengamos de bajar ese ‘techo’ más que de subir el ‘piso’”, mencionaron desde el Palacio de Hacienda.

Un ítem que crecería por encima de la inflación esperada es el de la recaudación tributaria: aceleraría, a lo largo de 2023, a una velocidad superior a la inflación, aunque desde el Gobierno niegan que el Presupuesto incluya reajustes de alícuotas o creación de nuevos tributos.

El tipo de cambio no sufriría ningún salto discrecional y el Gobierno espera poder bajar la brecha cambiaria entre la cotización oficial y el paralelo

Ese crecimiento en términos reales de la recaudación, sostiene el equipo económico, estará explicado por la dinámica de la actividad económica, el comercio exterior, en los incrementos de las ganancias de las personas humanas y sociedades, una esperada caída en la evasión impositiva y a ingresos mayores por los regímenes de facilidades de pago.

“Es un presupuesto realista, acorde con el momento y atento al impacto de la guerra. El último presupuesto fracasó porque era muy teórico y no tenía un anclaje en la realidad. Si no hay presupuesto, no hay prórroga. Tiene que haber inteligencia de nuestra parte y la oposición. Si no hay presupuesto tenemos un shutdown del Estado”, alertaron desde Economía, en referencia a la situación que se da en la administración pública norteamericana en caso de que el Congreso no sancione un presupuesto nuevo.