Los afectados por el fuego en Mallín Ahogado dicen que el gobierno provincial no entrega el dinero que había anunciado. Mientras, un actor denunció malversación del dinero recaudado.
El gobierno de Río Negro abandonó a su suerte a una parte significativa de las familias afectadas por el incendio forestal que en febrero arrasó con un sector del Paraje Rural Mallín Ahogado, ubicado al norte de El Bolsón, mientras se multiplica el reclamo de quienes aún no recibieron la escasa asistencia oficial prometida, y el de aquellos que cuestionan el destino asignado a las donaciones enviadas desde todo el país.
Eso último fue lo que hizo el actor Diego Alonso (Okupas, Tumberos), quien detonó esta semana la paz otoñal de El Bolsón al acusar al polémico presidente de la comisión directiva de los Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Martínez (alias “El Chaqueño”), de malversar las multimillonarias donaciones de dinero canalizadas a través de esa institución que, según exigió, debieron destinarse a las víctimas del fuego y no a reequipar al cuartel, como hicieron (ver aparte).
Los primeros reclamos que ya se escuchan por las promesas incumplidas y la asistencia que no llega o llega parcialmente, tienen como protagonistas a 45 familias que se han organizado para enfrentar colectivamente las consecuencias de la tragedia. Son pequeños productores rurales que pudieron salvar la casa pero perdieron galpones, talleres, corrales, máquinas y kilómetros de alambrados. Tienen vivienda pero alrededor solo hay un desierto de cenizas.
El gobierno provincial las clasificó como “damnificados parciales” y prometió inicialmente 15 millones de pesos a cada una para reponer infraestructura perdida. Pero luego advirtió que la ayuda era de “hasta” 15 millones, y más tarde las anotició de que no recibirían nada porque lo de “damnificados parciales” refería sólo la vivienda, según explicó a Tiempo Argentino Manuel de Lucía, uno de los productores afectados.
De Lucía añadió que, además, a todos les llegó sólo una porción de la ayuda comprometida para alambrar las chacras y contener a los pocos animales sobrevivientes que vagan libres por los terrenos, pisoteando y comiendo de los escasos cultivos que aun existen. Les dieron una parte de los insumos materiales para hacerlo, pero como lo perdieron todo carecen de dinero para pagar los 2,4 millones de pesos por hectárea que vale, en promedio, la tarea profesional de un alambrador.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Río Negro, Carlos Banacloy, visitó El Bolsón esta semana pero rechazó hablar con los afectados y, en una entrevista con el programa Enfoque comarcal de la televisora CoopTV, se negó a atender sus necesidades: “No podemos tomar las particularidades de un grupo sino mirar el conjunto”, clausuró.
“Las ayudas son parciales, de ninguna manera el Estado podrá reponer todos los daños”, se desentendió el funcionario. En cuanto a la imposibilidad de alambrar, les aconsejó que “busquen asociarse a alguna cooperativa” o que se ayuden entre vecinos como suelen hacer siempre en El Bolsón.
Cuando los escombros se encontraban humeantes y las víctimas todavía en profundo estado de shock, el gobierno provincial les exigió una declaración jurada de sus pérdidas que, luego de chequeada, habría de usarse como base estadística para canalizar la asistencia. Con el paso del tiempo, muchos damnificados descubrieron que el daño era peor a lo declarado.
Ese relevamiento cuantificó en 64 las familias rurales que perdieron 54 galpones y talleres, 15 corrales, 12 gallineros, cuatro box equinos, seis chiqueros, 68,19 kilómetros de alambrado y 1659 metros cuadrados de invernáculos. Y se supo que el fuego mató 1500 animales, entre vacas, caballos, ovejas, aves y cerdos, según informó en persona el gobernador Alberto Weretilneck.
También dijo que se quemaron 149 casas y que otras 27 fueron afectadas parcialmente.
Pero cuando ya pasaron 73 días del mayor incendio de la historia de El Bolsón y se avecina el crudo invierno patagónico, Weretilneck notificó ahora que jamás darán a las víctimas toda la ayuda prometida y que deberán arreglárselas solos para volver a obtener el sustento de la tierra y recuperar un modo de vida por el que eligieron la Comarca Andina. «
Las miradas apuntan al «Chaqueño» Martínez
El escándalo por la acusación del actor Diego Alonso contra el polémico presidente de la comisión directiva de los Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Martínez (alias “El Chaqueño”), fue la comidilla de la semana en El Bolsón.
Propietario de una chacra que se quemó en el incendio, Alonso acusó a Martínez de malversar millones de pesos donados desde todo el país, que eran para las víctimas del fuego pero los usaron para reequipar al cuartel: “Los bomberos eran el canal de la donación pero no el destino”, fue su idea, expresada con modales un poco ásperos.
Pero cuando “El Chaqueño” Martínez y su gente intentaron responder ya era tarde: se había instalado fuertemente en la calle el escándalo que ha sabido rodear a veces la vida pública de este comerciante fundador y presidente del PRO, aliado político y amigo personal del intendente local Bruno Pogliano, con quien comparte su devoción por la estancia Lago Escondido, del inglés Joe Lewis.
Tal es su cercanía que, según testigos y fotos, en 2011 regenteó la primera patota que impidió por la fuerza el acceso a Lago Escondido de una delegación judicial encabezada nada menos que por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas. Por años los vecinos lo vincularon con las prácticas violentas.
En 2021 debió renunciar a la presidencia de la cooperativa telefónica Coopetel, al no poder explicar el faltante de millares de euros de una caja fuerte a su cargo. Tiempo después se descubrió que había cedido gratis a Lago Escondido una torre de comunicaciones de Coopetel, para que instalaran una antena con señal de internet a fin de disputarle clientes a la misma firma que él presidía.
Un día antes de la acusación, Martínez había anunciado la importación de cuatro autobombas alemanas cero kilómetro por más de 320 mil dólares y, entre otros, la compra de indumentaria muy necesaria para todos los bomberos. Para defenderse, aseguró que sus cuentas eran honestas y transparentes y que era víctima de un ataque contra toda la institución.