Partiendo de la base de que la densidad demográfica de San Luis creció un 25% en los últimos años, y que ello conlleva el desarrollo de complejos habitacionales para contener a esos nuevos habitantes, desde la dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recordaron las normativas vigentes en la provincia para encarar desarrollos inmobiliarios y loteos en todo el territorio. La medida no solo apunta a cuidar los recursos naturales, principalmente la flora, sino también brindar seguridad a quienes decidan invertir en tierras en suelo sanluiseño.
“Cuando los proyectos urbanísticos se hacen de manera ordenada, generan un impacto positivo, una mejor calidad de vida en las localidades y el desarrollo productivo en las mismas. Sin embargo, cuando esto no se hace de manera ordenada y planificada, puede traer ciertos conflictos sociales, como cuando aquellos compradores adquieren un lote y pueden tener problemas a la hora de escriturar, faltarle un servicio, o desarrollarse en lugares que no están permitidos de acuerdo a las normativas ambientales. Nosotros, como organismo del Estado, tenemos que darle certeza al ciudadano y al desarrollador para que esto se haga de manera prolija y ordenada”, sostuvo David Nicola, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
“Todo proyecto de urbanización que incluya aperturas de calle, división de terreno, lotes privados, lotes abiertos, cerrados o cualquier tipo de fragmentación de un predio necesita sí o sí el estudio ambiental, que necesita ser presentado por un profesional habilitado por la Secretaría”, ahondó.
Dicho estudio debe hacer un análisis pormenorizado del terreno a intervenir para que la obra cumpla con la Ley de Bosques, en la Ley de Ambiente provincial y en la normativa de impacto ambiental.
Carhué Ortiz, de la secretaría de Ambiente, pidió “que los proyectistas o titulares del predio tengan en cuenta la normativa vigente de protección de estos bosques nativos, específicamente de la Ley Nacional 26.331 y las normativas complementarias provinciales”, disponibles en el sitio web de la Secretaría junto a un mapa orientativo que especifica qué zona se pueden intervenir y que, según la presencia de especies nativas o exóticas, se dividen en verde, amarilla y roja.
“Una vez que se determina esto se evalúa la viabilidad del proyecto: si tiene una categoría verde de conservación, es posible proyectar un loteo urbano. El ajuste predial en realidad consta de la presentación de un inventario forestal a través de un matriculado profesional en bosque nativo, que es contratado por el titular o proyectista del loteo. Una vez definida la viabilidad del proyecto también hay que tener en cuenta la superficie a intervenir, que, en el caso de categoría verde, que es la única que permite este tipo de proyectos urbanos, autoriza a intervenir el 75% de esa superficie y cuidar y preservar el resto”, detalló la funcionaria.
Ese proceso determina el otorgamiento de la licencia legal, técnica y social, que se emite en forma de un certificado emitido por Ambiente, que se presenta en Catastro y con el cual se da vía libre para encarar el proyecto y para que los compradores tengan la seguridad de poder escriturar su lote o terreno.
En el caso de no hacerlo, la secretaría iniciará un sumario administrativo con una investigación que podría terminar en sanciones para el desarrollador o vendedor, advirtió Nicola. Ese trabajo está a cargo de la recientemente creada subdirección de Sumarios.
“El otro objetivo de esta conferencia es darle certeza al futuro comprador, al que viene a invertir en San Luis y lo elige por el paisaje o por la vegetación. Queremos dejarle en claro que cuando quieran comprar, gastar sus ahorros o lo que tienen para invertir en un lugar para vivienda, que le exijan al desarrollador o al vendedor que tengan la resolución y el certificado de aptitud ambiental”, cerró el funcionario.