La norma indica que durante en esos periodos no correrán los plazos procesales y se garantizará la atención de los asuntos urgentes mediante magistrados y funcionarios designados.
Entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2026, otorgando un año de adecuación al sistema judicial y al ejercicio profesional de los abogados.
La sanción de esta ley responde a la necesidad de contar con un sistema judicial más eficiente, capaz de garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin interrupciones prolongadas por recesos o feriados. Hasta ahora, los extensos períodos de feria, sumados a la paralización de la actividad judicial durante fines de semana y días festivos, generaban acumulación de causas y demoras significativas en la resolución de conflictos.