Lo conversado hace dos semanas en la reunión que organizó el Gobierno con las ONG dedicadas a la discapacidad comienza, de a poco, a cristalizarse en hechos concretos. En ese momento, la mayoría de los reclamos estuvo dirigido a los bajos aranceles que cobran los transportistas y también a algunas deficiencias que arrastraba DOSEP desde la gestión anterior.
Por eso Luis Giraudo, titular de la secretaría de Personas con Discapacidad, recibió junto con la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, a directivos de los centros terapéuticos VITA y Ailén, quienes llegaron acompañados por representantes de las empresas que brindan el servicio de transporte a padres y alumnos. El reclamo que llevaron fue por los pagos adeudados desde noviembre de 2023 para cubrir los gastos de traslado, en medio de una inflación creciente.
Spagnuolo y Giraudo les explicaron que el atraso se debe a la irregular situación encontrada en el ministerio de Salud, resultado de una transición inexistente y del vaciamiento de toda información de parte de la gestión anterior. Otras inquietudes de los centros educativos están referidas a los bajos valores que paga DOSEP, a la diferencia de los pagos de transporte que realiza Nación con respecto a la provincia y la posibilidad de que los convenios de transporte pasen al ámbito nacional.
Finalmente, los centros acordaron presentar nuevamente las facturas de los meses atrasados para poder reestablecer la cadena de pago a los prestadores y normalizar este servicio que tanto necesitan las personas que asisten a estos centros educativos terapéuticos.