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Aumento de la luz: habría otra suba de al menos el 25% desde mayo, con dudas por los subsidios

  • Esta semana el Gobierno define el costo de la energía mayorista entre mayo y julio, que podría trepar hasta 77% e incide en la factura final.

El Gobierno tiene que decidir en los próximos 7 días los aumentos de tarifas de la energía eléctrica para hogares, comercios, industrias y otros usuarios no residenciales. Si Javier Milei y Luis Caputo definen que los hogares de “altos ingresos” (Nivel 1) y los no domiciliarios sigan sin los subsidios, implicará una suba de la luz de al menos 25% a partir de mayo, en todo el país, excepto a la clase media y los hogares pobres.

Es que la “programación estacional”, que es una estimación de oferta, demanda y precios de la energía que hace la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cada tres meses, establece que a partir de mayo el costo de abastecimiento promediaría los $ 78.555 por megavatio-hora (MWh) o unos 86,90 dólares hasta julio. Así surge de un documento que vio Clarín a mediados de marzo, pero que podría ser reformulado en las próximas horas.

Actualmente, desde febrero, el precio estacional es de $ 44.401, por lo que el incremento alcanzaría el 77%. La diferencia es normal entre invierno y verano por el mayor costo de los combustibles (gas, gasoil y fuel oil) en lugar del agua de las hidroeléctricas. Pero pone al Ministerio de Economía ante un dilema.

Si Caputo y la Secretaría de Energía exploran el camino de volver a eliminar los subsidios a todos los usuarios con excepción de los hogares Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios), habrá otro impacto en la inflación de mayo. Si no, se recargará el gasto público.

El precio estacional es apenas uno de los componentes de las facturas de luz, que también tienen al transporte y la distribución eléctrica con incidencias variables según la región. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), zona de concesión de Edenor y Edesur -con regulación nacional-, la generación representa cerca del 50% de las boletas sin impuestos, en promedio.

Asimismo, el transporte y la distribución tendrán desde mayo su remuneración indexada a los salarios y la inflación, por lo que al menos esa actualización sumará el mes que viene 2,5 puntos a las facturas de luz en el AMBA, a falta del dato sobre el Índice de Salarios de febrero, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este viernes 26.

Mientras tanto, el Gobierno demora la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), que reformulará el esquema de los subsidios por segmentación de ingresos. La complejidad del sistema y el cruce de datos llevará a que recién se pueda implementar la canasta a partir de junio o julio y a modo de “test”.

Los hogares N2 y N3 representan el 70% de los hogares y tienen un 95% del precio de la energía cubierto por el Estado nacional.

Los técnicos oficiales y los funcionarios buscan resguardar el sistema ante eventuales reclamos judiciales y que los aumentos de tarifas no choquen contra una resistencia de la Corte Suprema que obligue a hacer gradualismo, como lo hizo en 2016 con Mauricio Macri.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, el gasto promedio en energía eléctrica y gas natural representó en marzo el 6,8% del salario promedio de un hogar N1; un 3,4% de un N3; y un 3,2% de un N2.

Sin embargo, si la comparación es contra el ingreso mínimo de cada segmento, habría miles de hogares que ya estarían en situación de “pobreza energética”: gastarían un 12% de su salario mínimo en energía, cuando el máximo aconsejable por organismos internacionales es del 10%.

En el otro lado del mostrador, por la quita de subsidios el promedio de los usuarios cubrió con sus tarifas en marzo el 64% del costo eléctrico, mientras que el Estado aportó el 36%, encontró el economista Jefe de Empiria Consultores, Nicolás Gadano, “un nivel similar al que dejó Cambiemos en 2019”.

El compromiso del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) es reducir los subsidios energéticos de 9600 millones de dólares anuales o el equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) que costaron en 2023 a 1,1% este año, un ajuste cercano a los US$ 3.000 millones.

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