Este martes, el Superior Tribunal de Justicia emitió dictamen ante los planteos de nulidad de los abogados de los dos condenados y del fiscal de Cámara, que apeló la absolución de Diego Lorenzetti.
El asesinato de Romina Aguilar parecía una historia cerrada, pero ahora promete tener otro capítulo, o varios, por decisión del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Este martes, la corte puntana emitió dictamen respecto a los recursos de Casación planteados por los abogados de Edivaldo de Oliveira Pereira y Leandro Vílchez, condenados a 22 años de cárcel por ser considerados coautores materiales del crimen, y por la fiscal de Cámara 1 provisoria Marcela Torres Cappiello, que apeló la absolución de Diego Lorenzetti. Los jueces del máximo tribunal anularon la sentencia completa, ordenaron que se constituya un nuevo tribunal y se celebre otro juicio y que el expediente vuelva al Juzgado de Instrucción original.
“Indudablemente esto es algo muy importante, porque un nuevo juicio va en contra de las garantías constitucionales”. “Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, creemos que pudo haberse resuelto de otra manera”, opinó la letrada, que dijo aún no sabe cuál será la estrategia de la defensa y si coordinará acciones con los abogados de los otros acusados.
Marcos Juárez, abogado Lorenzetti, respondió a un llamado de este medio y dijo que está camino a la provincia y que responderá inquietudes luego de interiorizarse de la resolución. No obstante, un trascendido indica que recurriría a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que Jorge Sosa, defensor de “El Bocón” Vilchez, expresó: “Estoy muy conforme con que se haya hecho lugar al recurso de casación presentado. Ahora se deberá dictar sentencia con un nuevo tribunal hábil y allí haremos los planteos correspondientes; obviamente nos vamos a oponer. Sí puedo adelantar que voy a pedir la inmediata libertad de mi cliente, en este momento la condena que se le dio pasó a ser nula, no existe, por lo tanto voy a pedir una excarcelación extraordinaria para él”.
En julio del año pasado, el Tribunal compuesto por José Luis Flores, Silvia Aizpeolea y Jorge Sabaini Zapata condenó a 22 años de prisión a De Oliveira Pereira y Vílchez por considerarlos “coautores materiales de homicidio simple con el uso de arma de fuego” y absolvió al exintendente por el beneficio de la duda.