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jueves, octubre 10, 2024
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Cómo trabaja el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La desaparición de Guadalupe Lucero, de cinco años, en la provincia de San Luis mantiene en vilo al país y activó todos los recursos de búsqueda del Estado y de la sociedad civil. Cuáles son los pasos que se siguen para encontrar a las 30.786 personas extraviadas o desaparecidas en la Argentina y qué pueden hacer los ciudadanos para colaborar

Desde 2012 hasta hoy, el Ministerio de Seguridad registró un total de 61.955 personas desaparecidas o extraviadas en el país, de las cuales se hallaron 31.169. La ONG Missing Children Argentina busca en este momento a 110 niños y niñas y Red Solidaria se suma a esa búsqueda de menores y a la de 420 adultos.

Estos son los casos de los que se tiene conocimiento, pero también hay muchos otros que no quedan registrados en ninguna parte. Actualmente, el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas del Ministerio de Seguridad (SIFEBU), que fue creado en 2016, registra 12.000 personas buscadas al año. “Si comparamos con los números de otros países, observamos la necesidad de seguir reforzando los lazos con las diferentes jurisdicciones a fin de alcanzar lo antes posible la meta de registro del 100 % de los casos que ocurren día a día en nuestro país”, explica Leticia Risco, coordinadora de este organismo. En Alemania, por ejemplo, se registran 337.000 personas desaparecidas al año. En el Reino Unido, 378.000 y en los Estados Unidos, 1.900.000.

Una de las tareas del SIFEBU es, justamente, llevar un registro nacional de todos los casos de personas desaparecidas o extraviadas, así como también de las que se encuentran —vivas o fallecidas— y no se logran identificar (NN). En sus búsquedas, el sistema realiza un trabajo de articulación con los demás organismos del Estado y con los jueces a cargo de los expedientes. De todos los casos en los que el SIFEBU intervino hasta la fecha, un 68 % se resolvió favorablemente.

En la actualidad, uno de los desafíos más importantes que afronta el organismo es resolver la falta o la demora en la comunicación por parte de las autoridades del “sin efecto” de las búsquedas. “Esto redunda no solamente en un número ficticio de casos vigentes ―mayor al real―, sino también en un uso poco eficiente de los recursos. Y en algunos casos puede desembocar en la revictimización de las personas que han estado desaparecidas o extraviadas”, explica Risco. Y agrega: “Para evitar este tipo de situaciones, estamos trabajando en protocolos y procedimientos que incorporen las herramientas y el conocimiento especializado que tenemos en el SIFEBU y, a partir de la coordinación con cada jurisdicción, establecer líneas de trabajo comunes”.

La búsqueda de una persona desaparecida es una tarea en la que se entrecruzan y potencian los esfuerzos del Estado, las ONG y la sociedad civil. “Trabajamos con las áreas de Seguridad de la Nación, de la provincia en cuestión y de la zona en la que se perdió la persona”, explica Juan Carr, creador del movimiento social Red Solidaria. “En ese sentido, el SIFEBU es algo muy bueno porque está intentando centralizar el proceso, de manera que si alguien se pierde en una provincia y viaja a otra (y es registrada de algún modo), salte en los sistemas que se trata de una persona buscada”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación diseñó un protocolo de actuación para casos de personas desaparecidas o extraviadas. Ahí se dispone que, una vez realizada la denuncia, la Policía debe concretar una serie de acciones, como constatar en hospitales, centros de salud, morgues y casas de abrigo si la persona está ahí, verificar si fue hallada en la vía pública —ya sea con vida o fallecida— y establecer si se encuentra detenida o encarcelada.

La Policía puede realizar rastrillajes, búsquedas aéreas o por mar. Otros pasos fundamentales son las entrevistas a familiares y amigos de la persona buscada para obtener más información sobre las posibles causas de la desaparición, la distribución de afiches con fotos recientes de esa persona y la creación de una línea telefónica para recibir información del caso que deberá estar disponible las 24 horas.

Una vía de investigación importante tiene que ver con las redes sociales. Muchas veces, la persona buscada deja pistas en esas plataformas sobre la causa de su desaparición. Su historial, los mensajes privados o una publicación podrían aportar información muy valiosa. Para eso, la Policía le solicita a la familia los datos de usuarios y la contraseña y, de no obtenerla, se hace un pedido por vía judicial a las empresas que manejan las plataformas para poder acceder a las cuentas.

La Policía siempre tiene que actuar presuponiendo que hubo un delito, aunque no existan tales indicios. Esto va en línea con un dictamen de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que “las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido”.

El fiscal a cargo de la investigación puede solicitar que el Estado ofrezca una recompensa a cambio de información sobre el paradero del desaparecido. De esto se ocupa el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia o Programa BUSCAR. “Aún no tuvimos casos de personas que estuvieran desaparecidas y fueran encontradas gracias a información aportada por el programa de recompensas, aunque esto sí sucedió con búsquedas de prófugos de la Justicia”, aclara Risco.

Cuando una persona desaparece, las hipótesis posibles son la siguientes:

La ausencia voluntaria, lo que significa que decidió alejarse de su entorno por decisión propia.

La sustracción parental: una situación aplicable a menores de edad.

La huída del hogar por situaciones familiares, en casos de menores de edad. En estos casos, existe una preocupación adicional de que, por su vulnerabilidad, estos niños, niñas y adolescentes estén expuestos a delitos.

Que sea víctima de delitos: secuestro, tráfico, captación para explotación laboral o sexual, entre otros.

Que esté extraviada. Esto suele aplicar a menores de edad, personas de la tercera edad o con problemas de salud mental.

En 2017 Missing Children buscó a más de 600 menores de edad. El 75 % tenía entre 13 y 17 años, y el 80 % vivía en la provincia o la Ciudad de Buenos Aires. De todos ellos, 230 se habían ido por voluntad propia, por sufrir conflictos familiares. “Los casos más frecuentes son de adolescentes mujeres que no aceptan las reglas de la casa y se van”, explica Lidia Grichener, quien fue presidenta de la ONG durante 18 años. “A veces pasan años y seguimos sin saber donde están, pero la mayoría de los casos se resuelve en muy pocas horas o días. Los más difíciles son aquellos en los que no se sabe por qué se fueron”.

Si la investigación llega a un punto en el que se considera que la persona puede haber salido del país, se emite una alerta amarilla a través de Interpol. El miércoles 23 de junio, esta organización internacional lanzó una notificación de este tipo en la búsqueda de Guadalupe Lucero. Se trata de una alerta policial mundial comúnmente usada para localizar a víctimas en casos de rapto de menores por parte de sus progenitores, secuestros o desapariciones inexplicadas. A través de este sistema, quedan notificadas las fuerzas de seguridad que trabajan en fronteras y los países pueden solicitar e intercambiar información relativa a la investigación. Solo en 2020 se emitieron más de 2.500 alertas amarillas en todo el mundo.

Hay otra alerta que es de suma utilidad y funciona dentro del país: Alerta Sofía, una iniciativa lanzada en 2019 con el objetivo de ayudar a encontrar a niños y niñas extraviados. La ponen en marcha de manera conjunta entre el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Facebook y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña que desapareció en Tierra del Fuego en septiembre de 2008 y a quien todavía se sigue buscando. El procedimiento consiste en difundir de inmediato imágenes e información de los menores desaparecidos por internet, redes sociales y medios de comunicación; también por mensaje a los teléfonos celulares ubicados en las áreas de búsqueda.

El último eslabón, y posiblemente el más importante, es el rol que tiene la sociedad civil en estas búsquedas. Según insisten desde diferentes ONG, es fundamental que la comunidad se comprometa y difunda en redes sociales y en grupos de WhatsApp la imagen del extraviado o desaparecido. “En Missing Children pensamos que sin la ayuda de absolutamente todos no es posible encontrar a alguien”, subraya Grichener. “Hay que mirar las fotos que se difunden. Mirar, mirar y mirar. No pasar por alto nada”. Red Solidaria, por otra parte, creó un mecanismo a través del cual 10.000 personas de más de 200 ciudades del país ponen a disposición su número de WhatsApp para viralizar rápidamente las búsquedas. “Una comunidad movilizada es lo que logra más éxito a la hora de encontrar a alguien”, asegura Carr. “El país se pone en movimiento, y la solidaridad que se ve es conmovedora”.

Al cierre de esta edición, Guadalupe todavía no había sido encontrada. Si querés colaborar con su búsqueda y la de tantas otras personas extraviadas, comunicate al WhatsApp de Red Solidaria: (011) 4915 9470 o llamá a Missing Children al 0800-333-5500.

 

María Leticia Risco, coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU):

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