El lunes 2 de octubre entró en vigencia el “honorario médico ético mínimo”, que fija en $ 6.000 las consultas médicas tanto virtuales como presenciales y en $ 7.500 las que son con especialistas en una rama determinada de la medicina. El esquema fue impulsado por asociaciones médicas de todo el país, pero no tiene el aval del Ministerio de Salud y podría generar un problema para pacientes porque requiere un copago.
La dinámica del “honorario ético mínimo” es lograr que las prepagas y obras sociales suban el valor de la consulta, o bien que cada cliente haga un copago hasta llegar a esa cifra. Si, por ejemplo, una empresa le abona $ 3.000 a un profesional de la Salud, entonces la persona que se atienda con ese profesional tendrá que sumar el resto del dinero.
Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), explicó este martes en C5N que “primero y principal, es ilegal” el sistema.
Pero además existe el Plan Médico Obligatorio (PMO), que es el listado de prestaciones médicas que las prepagas y obras sociales deben garantizar aún en sus planes más bajos.
Lo que ocurre es que no todos los insumos, prótesis y tratamientos están incluidos sólo porque esté estipulada una especialidad médica dentro del PMO.
También puede ocurrir que cada plan de cobertura tenga un límite distinto en la cantidad de consultas que se pueden hacer al año, lo que sí daría pie a un copago legal porque se supone que es un extra, aunque Bassano cuestionó el espíritu detrás de este sistema.
“Si el consumidor se negara a pagar sería un acto de justicia. Ahora, el tema es que estamos frente a (hipotético caso de) una persona que está con un problema de salud serio, va a ver a un médico -una persona que conoce hace años- y le va a negar un copago que en el fondo el médico le está cobrando porque no le pagan nada en las medicinas prepagas”, expresó Bassano.
“Frente a esta situación, las asociaciones de médicos y las corporaciones o cámaras en vez de solucionarlo yendo en contra de la medicina prepaga se la agarraron con la parte más débil, que es el consumidor”, sentenció.
El titular de la ADDUC señaló que “no hay entendimiento que esta es una relación de consumo”, regida por la ley y que además, tal como está planteado el panorama, “existe una violación de la Ley de Defensa de la Competencia”.
Además, ADDUC denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una posible “cartelización de todos los organismos que concentran a los médicos”.
“En este momento las prepagas están cobrando del consumidor entre 100.000 y 150.000 pesos por usuario”, afirmó Bassano, lo que es “una cosa de locos” teniendo en cuenta los bajos honorarios que reciben los médicos, que además se pagan a 60, 90 o 120 días.
Bassano también señaló que ante el pedido de un copago el cliente debe hacer la denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de forma virtual.