A Rafael Churquina el encierro no le impedía ser el activo líder de una organización narco de Villa Mercedes, en San Luis. El preso había montado su centro de operaciones en su celda de la Unidad 1 de esa provincia, donde guardaba, entre otros elementos, droga, celulares, una notebook, pendrives, cuadernos, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión. Todo eso fue secuestrado en un allanamiento a la cárcel, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Desde el penal, y por celular, Churquina daba órdenes a sus cómplices. Contaba, para ello, con la complicidad de autoridades de la Unidad 1. Según la investigación de la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo de Cristian Rachid, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuyo titular es Diego Iglesias; se trata del alcalde Jorge Ángel Orozco y Adjutor Principal Mario Ojeda, director y subdirector de la prisión, ubicada sobre la Ruta Nacional 146.
Orozco y Ojeda fueron procesados por el Juzgado Federal de San Luis junto a Churquina y otras siete personas por su participación en una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior lavado de activos de origen ilícito.
Tras la investigación llevada adelante por el MPF, el juez federal Juan Esteban Maqueda dictó el procesamiento con prisión preventiva del líder, a quien embargó por $10.000.000. También a los diferentes miembros de la organización: los señaló como responsables de los delitos de “transporte y comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, lavado de activos de origen ilícito y cohecho agravado”.
Orozco y Ojeda fueron procesados por “el transporte de estupefacientes agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por el cobro de dádivas”.
De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso este medio, el narco manejaba desde la cárcel la venta de drogas en un kiosco, una fábrica de sanguches y una concesionaria de motos. Pero también planeaba expandir su influencia a Córdoba y Mendoza, incluso, “montar una distribuidora”.
“Vamos a hacer negocios en Córdoba, vamos a hacer negocios en San Luis, vamos a ser grandes”, le prometía a su hija por teléfono. Además, le recordaba sus contactos en Mendoza, con quienes “trabaja” desde el penal de San Luis.
Un secuestro y un imputado colaborador
La causa se inició el 31 de agosto, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en la provincia de Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con más de cinco kilos de cocaína y que tenía como destino final la ciudad de Villa Mercedes. Ese hecho desencadenó una serie de allanamientos en esa ciudad, donde se detuvo a otras tres personas, además de incautarse estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la actividad del líder de la organización fue posible gracias a la participación del alcalde y del adjutor principal, ambos funcionarios del servicio penitenciario. Según los fiscales, tras la supuesta obtención de dádivas, Orozco y Ojeda incurrieron en un incumplimiento de sus deberes funcionales en favor del principal acusado y también de otros integrantes de la sociedad criminal, que recibían un trato preferencial dentro de la Unidad 1 al momento de las visitas.
Cabe resaltar que dentro del expediente, una persona declaró como imputado colaborador en los términos de la Ley 27.304, lo que permitió conocer el funcionamiento de la organización, determinar quiénes eran las personas utilizadas como testaferros, las empresas y los lugares que se utilizaban para el lavado de dinero y sus modalidades.
Finalmente, se logró avanzar respecto del manejo que poseían dentro del establecimiento penitenciario y los beneficios que el principal imputado tenía para organizar la comisión de delitos desde su celda.