En el Colegio de Martilleros esperan que la norma sea revisada. Los aumentos ahora llegan al 50 por ciento.
Generalmente todas o muchas de las leyes que los legisladores crean buscan beneficiar a la gente. Pero suelen surgir excepciones, y una de ellas podría ser la Ley Nacional de Alquileres que entró en vigencia en 2020 y que a un año de su implementación perjudicó notablemente a todo el sector. Tanto inquilinos como propietarios y martilleros no saben cómo salir del laberinto en el que los introdujo la nueva norma, y un ejemplo puntual es lo que ocurrió este mes: según el índice del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que rige el costo de la actualización de los valores de los alquileres, el mismo alcanza el 50,05%, una cifra que hace tiritar a cualquier presupuesto. En San Luis, afirman que la legislación perjudicó a todo el sector.
Pero no solo la polémica ley que impulsó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Lipovetzky, (PRO) dio lugar a incrementos desmedidos, sino que contiene artículos que complican el acceso a las viviendas o departamentos, y condicionan a los propietarios.
Aseguraron que otro factor que perjudicó el panorama fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsó y aplicó el gobierno nacional durante la pandemia: el mismo prohibió los desalojos por incumplimiento de pagos y le quitó la obligatoriedad a las renovaciones en los alquileres. También rechazó las subas en los costos. Todo eso, al menos, hasta que termine la pandemia de coronavirus.
En San Luis la crisis parece no tener fin, ya que el mercado está inmerso en esa tormenta perfecta. La demanda no merma, pero la oferta se contrajo mucho y la cantidad de inmuebles para alquilar disminuye todo el tiempo. Por ello a la gente le cuesta encontrar un lugar para arrendar y aquellos que están disponibles tienen costos muy altos.
La primera actualización de la ley comenzó a aplicarse en julio de 2021. “Los valores se actualizan una sola vez y por un año según los índices del IPC y el salario de los trabajadores estables que informa el Banco Central. En octubre ese mix arrojó que la actualización de los cánones locativos ascendió a un 50,05%. Realmente es una bestialidad. Es lo que estipula la ley, pero destruye a la gente porque sus alquileres aumentan enormemente. Esta Ley de Alquileres es una ley equitativa, pero es perjudicial, porque daña a todas las partes. Los legisladores hicieron un daño terrible no solo al inquilino, sino a los propietarios, los martilleros, y todos los que trabajan con nosotros”, afirmó el titular del Colegio de Martilleros de San Luis, Fernando Olcese, en diálogo con El Diario de la República.
“Es una ley dañina para todo el mercado. En San Luis no tenemos oferta para responder a la demanda. La gente cada vez requiere más inmuebles para alquilar. La demanda se incrementó porque la pandemia, que trajo muchas cosas malas, también generó divorcios y ahora se necesitan más casas o departamentos para arrendar. Y nosotros no tenemos forma de abastecer al mercado. Lo poco que hay lo tenemos que actualizar, pero los montos se actualizaron y subieron mucho”, agregó Olcese.
Afirmó que en la ciudad capital el alquiler de una casa de dos dormitorios cuesta no menos de $45.000, mientras que un departamento con dos habitaciones está en el orden de los $42.000.
“Le complicaron la vida al inquilino. Esto ocurrió porque mucha gente que tenía inmuebles para alquilar retiró sus casas o departamentos y directamente los puso a la venta. Pero tampoco funcionó. Nosotros no vendemos nada”, agregó el dirigente.
Una salida viable sería que el DNU quede sin efecto mientras se flexibilizan las actividades dentro de la pandemia, y sobre todo si se revisan y corrigen muchos artículos de la Ley de Alquileres creada por Lipovetzky y que aprobaron Diputados y Senadores.
“Estamos en diálogo permanente con los colegas de todo el país a través del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, la entidad nos agrupa a nivel nacional. Somos unos 30 mil matriculados”, dijo y adelantó que el próximo miércoles debatirán, también con políticos, sobre los daños que generó esta ley en todo el país.
Igualmente aseguró que una derogación de la norma complicaría mucho el tema y no sería la mejor solución. “Lo mejor sería cambiar o corregir aquellos artículos que perjudican al inquilino. Hay que revisar toda la norma”, reflexionó Olcese.