Tenía una cardiopatía congénita y la Justicia ordenó que la obra social cubriera una operación en Estados Unidos, en 2017. Pero un fallo de la Corte provincial revirtió la medida.
Francesca Molnar (9) vive en Chaco y tiene una cardiopatía congénita muy compleja. Desde su nacimiento viene luchando por su vida. Su condición hace que tenga que recibir tratamientos médicos constantes y controles clínicos exhaustivos. En sus primeros cuatro años, tuvo que someterse a tres cirugías paliativas que no lograron cambiar la situación y al poco tiempo fue ingresada a la lista de trasplante de corazón como única esperanza.
Sus papás, Gabriela y Edgar, no se dieron por vencidos ante este panorama. Y comenzaron a buscar un lugar, fuera del país, que pudiera salvarle la vida. En 2016 encontraron que en el Hospital de Niños de Boston, en Estados Unidos, realizaban una cirugía innovadora con grandes chances de mejorar la condición de la pequeña.
Pero el costo de la operación era inalcanzable para ellos. Necesitaban juntar 278 mil dólares para llevarla a cabo. Siendo él empleado municipal y ella ama de casa, rapidamente se dieron cuenta que iba ser imposible y le exigieron a su obra social, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco, que se hiciera cargo.
Obtuvieron la negativa rotunda de la entidad financiadora, que les decía que podían hacer el tratamiento acá. “Nosotros averiguamos y encontramos que en el país nadie hace una reconversión ventricular parcial, que es la cirugía que mi hija necesitaba”, recuerda hoy Gabriela. Entonces, decidieron judicializar el tema.
Ese mismo año, los papás de Francesca comenzaron la larga lucha judicial para conseguir el dinero. Pero a los pocos meses, el juzgado de primera instancia fallo en contra, dándole la razón a la obra social. “Eso fue un golpe muy duro. Porque Francesca estaba en un estado muy delicado. Estaba con respirador y con un montón de complicaciones. Y nuestra única salida era viajar a Estados Unidos”, cuenta a la mamá a Clarín.
En el medio de esta lucha en los tribunales de Resistencia, Gabriela y Edgar lanzaron una campaña solidaria para juntar el dinero y viajar hasta Boston y hablar con los especialistas estadounidenses que serían los futuros cirujanos de Francesca. “Estuvimos un tiempo. Le hicieron estudios a mi hija y resolvieron que podía ser operada con esta técnica innovadora“, explica.
En el 2017, cuando volvieron al país, apelaron el fallo adverso de primera instancia y en pocos meses la Cámara resolvió darles la razón. “Fue un momento de felicidad porque habíamos conseguido la plata para hacer la operación”, sigue la madre.
Con el dinero disponible, la familia regresó a Boston y Francesca fue operada con éxito. “Fue un antes y después. La salud de Fran mejoró un montón. Ya no sufría dolores y pudo empezar a hacer una vida normal, como cualquier niño. Solo tiene que tomar todos los días una aspirina”, cuenta Gabriela.
Sin embargo, mientras los padres estaban en Estados Unidos, la obra social apeló el fallo de la Cámara y el caso pasó al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que tiempo después sentenció a favor de la financiadora de salud. Esto fue otro duro golpe para la familia, ya que este nuevo dictamen resolvía que la familia debe devolver la plata del tratamiento.
“Esto fue en 2019. Y después del fallo de la Corte del Chaco, la obra social nos empezó a a presionar para que devolviéramos la plata bajo amenaza de embargarnos“, expresa la mamá de Fran.
Además, ese mismo año, después de la operación, los médicos le comunicaron a la familia que una vez al año debería volver a Boston para realizarle controles. “Eso nos obligó a exigirle a la obra social que cubriera ese gasto. Se negaron. Y nosotros presentamos un recurso de amparo. Lo ganamos en primera instancia, nos dieron la plata y pudimos volver a Boston para los controles de Fran”.
Con este nuevo amparo, ya había dos causas distintas. Una por la operación y otro por los controles. El tema es que cuando la Corte chaqueña falló a favor de la obra social, la familia de Fran fue obligada a devolver toda la plata. “Nos piden más de 300 mil dólares. Los 278 de la operación y los 37 mil dólares que salió ir hasta Boston para hacer los controles”, comenta Gabriela.
Francesca tiene actualmente 9 años. Gracias a la operación, puede tener una vida normal. Sin embargo, necesita controles anuales y seguimientos de por vida. “Con este embargo y el fallo de la Justicia, peligra la segunda parte del tratamiento de Fran. Porque necesita que la vean una vez al año los cardiólogos de Boston, ya que su ventricular va creciendo y eso hay que seguirlo de cerca. Lo que hacemos ahora son controles de rutina con eco doppler. La médica le manda las imágenes al cardiólogo de Estados Unidos y ellos se fijan si su corazón evoluciona bien”.
La familia de Fren asegura que ya no pueden hacer más nada por las vías judiciales. “Estamos apelando al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, para que detenga esto. No tenemos más opciones“, suplica Gabriela.