El Enargas espera los informes técnicos para elevar la recomendación al Poder Ejecutivo de que prorrogue las licencias de las compañías hasta 2047. La importancia de la revisión tarifaria y la baja del riesgo país son claves en la salida de la petrolera estatal de la firma de distribución más grande del país
El Gobierno de Javier Milei se prepara para dar en las próximas semanas un paso clave en la extensión de la concesión de tres distribuidoras de gas natural por 20 años. En el caso de Metrogas la concreción de esa prórroga implica cumplir con la última condición que había puesto la petrolera de mayoría estatal YPF para vender su participación en la firma de distribución que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además es la más grande del país.
Metrogas abastece a la Ciudad de Buenos Aires y 11 localidades del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, San Vicente y Ezeiza). Litoral Gas cubre la provincia de Santa Fe y siete departamentos del norte de Buenos Aires. En tanto, Camuzzi Gas Pampeana distribuye gas en La Pampa y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires.
Una vez que el Enargas recibe los informes técnicos de la audiencia y eleve al Ejecutivo su recomendación, se abre un período de 120 días para que el Gobierno defina si hará lugar o no al pedido de las licenciatarias. En el sector privado esperan que la resolución sea favorable por “haber cumplido con los lineamientos de los contratos” que fueron firmados en 1992 tras la privatización de Gas del Estado.
El contrato original contemplaba una posible extensión de la licencia por 10 años. Sin embargo, la Ley Bases impulsada por el gobierno de Milei y sancionada en 2024 por el Congreso duplicó ese plazo, permitiendo prórrogas de hasta 20 años. En consecuencia, la vigencia de la licencia podría extenderse hasta 2047.
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Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), participó de la Audiencia Pública en representación de las empresas del sector y afirmó que desde 1992 las compañías distribuidoras invirtieron más de USD 3.800 millones, con planes de desembolsar otros USD 1.000 millones en los próximos cinco años. “Las empresas han operado con seguridad y confiabilidad, y reúnen las condiciones necesarias para obtener un nuevo período de gestión por 20 años”, destacó.
En ese sentido, la Secretaría de Energía de la Nación finalizó en mayo el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) en el que empresas de transporte y distribución de energía recibieron una previsibilidad de tarifa para los próximos cinco años (período 2025-2029) a cambio de una programación de inversiones sobre la red. La RQT busca dar previsibilidad, en un país en el que en las últimas dos décadas se caracterizó por sostener retrasos tarifarios.
La finalización del proceso de revisión de tarifas y la extensión de las licencias son dos de las condiciones que había mencionado el presidente de YPF, Horacio Marín, para hacer más atractiva a Metrogas para una eventual venta. La distribuidora tiene más de 2.400.000 clientes en el AMBA, más de 1.100 empleados y la petrolera estatal es dueña del 70% de sus acciones. Los otros accionistas son Integra Gas Distribution(9%), Anses (8%) y el resto cotiza en la Bolsa local.
Luego de la nacionalización de YPF, en 2012, la empresa hizo uso de la opción para adquirir la mayoría accionaria en Metrogas y se quedó con la participación de British Gas. Hay una cuestión legal de fondo: una petrolera no puede ser controlante de una distribuidora porque está prohibida la integración vertical de la cadena (productores, transportistas, comercializadores y distribuidoras).
En YPF saben que aún no es el momento para avanzar en la salida de Metrogas, ya que la intención es conseguir el mejor precio posible para los más de USD 400 millones que tiene en acciones. Pero también saben que deben hacerlo antes de 2028, fecha en la que termina el Plan Gas en la Argentina y deberá ponerse en marcha un nuevo marco de contratos en el sector.
Otro punto fundamental para que la petrolera estatal venda su participación es la baja del riesgo país y una ratificación de las reformas que impulsa Milei en las urnas.
De la presentación que realizó Martini se desprende que los aumentos que habilitó Milei en 2024 implicaron un salto en el orden del 400% en las facturas finales de los usuarios el año pasado, aunque la morosidad está en un mínimo del 3,52% y la Argentina mantiene una de las tarifas más bajas tanto de la región como del mundo. Las empresas mejoraron sensiblemente sus balances y esperan consolidar ese proceso, a partir de un incremento en la rentabilidad, para transformarse en “sujetos de crédito”.