Son $ 425.000 millones. Agrupan bonos a jubilados y planes sociales, entre otros beneficios.
Con la inflación carcomiendo los ingresos, el Gobierno saldrá a volcar pesos al mercado para estimular el consumo. Según el cálculo de la consultora Equilibra este gasto adicional llegará a $ 425.000 millones, un monto equivalente al 1% del PBI.
La cuenta que hace la consultora incluye el bono de $ 5.000 que se le pagará este mes a los jubilados y pensionados y estima que habrá un desembolso adicional de otros $ 5.000 que se pagarán en noviembre antes de las elecciones. Con esto, “las jubilaciones pasarían a ganarle a la inflación durante esos meses y cerrarían el año ganándole la carrera nominal a los precios por una cabeza”. Esto generará un gasto de $ 45.000 millones este mes y otros $ 30.000 millones en noviembre.
El paquete electoral busca recomponer los bolsillos frente a una inflación que llega al 52% en los últimos doce meses y le gana con comodidad a los ingresos. Con el consumo deprimido declinan las chances del Gobierno de ganar las elecciones, que llegarán dentro de cuatro semanas.
Dentro del aumento del gasto por un punto del producto bruto se incluye un refuerzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y monotributo, que alcanzará a $ 13.900 millones.
A esto se agrega el bono de las pensiones no contributivas, por $ 13.656 millones, más la ampliación de la Tarjeta Alimentar por $ 97.200 millones, el plan Potenciar Trabajo por $ 91.400 millones y el Programa Progresar de $ 14.000 millones.
También hay que contabilizar el aumento del tope de reintegro para la devolución del 15% a consumos con tarjeta de débito para los jubilados y beneficiarios de asignaciones, por $ 8.700 millones.
Además, se prevé que habrá otros beneficios que se otorgarán entre las PASO y las elecciones de noviembre como un bono adicional para los planes sociales y otros programas de ayuda, por $ 72.854 millones. Todo el paquete llega a $ 424.510 millones.
El combo en favor del consumo también incluye medidas destinadas a la clase media. Allí se ubica la devolución del Impuesto a las Ganancias, por $ 40.000 millones, que beneficia a 1,2 millón de trabajadores en relación de dependencia.
Más gasto, más déficit
“Hay margen para expandir el gasto: la austeridad de la primera mitad del año llevó a un déficit primario de apenas 0,5% del PBI. Pero, en diciembre, alcanzará el 3,5%“, estima Equilibra.
Para la consultora, contabilizando las medidas de impulso al consumo, los programas de financiamiento a tasas subsidiadas y la aceleración de la obra pública, el “push electoral” rondaría el 1,5% del PBI en todo el año.
“El impulso a los ingresos de las familias será complementado con programas de financiamiento a tasas subsidiadas con el objetivo de estimular el consumo privado, que está recuperándose a paso muy lento”. Aquí se inscribe el anuncio de ayer de los créditos a tasa cero para los monotributistas.
“Pero a pesar de este “push electoral” vía crédito, el stock de préstamos al consumo llegará a las elecciones en niveles similares a los de 2019 en términos reales, cuando el oficialismo sufrió un revés electoral, y un 40% por debajo de la previa de las elecciones 2017, con victoria oficialista a nivel nacional”, detalla Equilibra.
Este aumento del gasto público se financiará con emisión. “El gobierno deberá recurrir a financiamiento monetario por un punto y medio del producto en lo que resta del año, justo cuando cuándo cae el apetito privado por la moneda local”, puntualiza Equilibra.
Y advierte que esta política que busca expandir el consumo podría darle más combustible a la dolarización. “Si bien la expansión monetaria para hacer frente a dicho gasto fiscal se encuentra, en primera instancia, orientada a los sectores de menores ingresos, el excedente de pesos termina permeando hacia agentes con mayor capacidad de ahorro que buscan dolarizar activos antes de las elecciones“.
Con estas medidas, el Gobierno busca compensar en parte la merma del poder adquisitivo. Según los datos de Econométrica entre junio de este año e igual mes del año pasado, el salario real cayó 3,1% para los empleados privados registrados, bajó 6,5% para el sector público y perdió 6,9% para el sector privado no registrado. A los que peor les fue es a los jubilaciones y pensiones que sufrieron un recorte del 8,9% en su poder adquisitivo.