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El ministro Caputo envió ese número al Fondo.
Después de la devaluación de diciembre y el salto de la inflación al 25,5% -la más alta en 30 años-, el Gobierno estimó que la pobreza ya orilla el 50% de la población. El número, que no se registra desde hace dos décadas, figura en la carta de intención presentada por la Argentina para el informe del staff del Fondo Monetario Internacional aprobado la semana pasada.
El documento firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, indica que la gestión de Javier Milei está trazando un “nuevo rumbo” que “libera el poder de los mercados”, pero advierte que recibe la “peor herencia de la historia”, dada por la caída de salarios y el aumento de la informalidad y la pobreza.
“En la actualidad, más del 50% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza, y esa cifra se acerca al 60% en el caso de los niños”, señalan los funcionarios en la carta fechada el 18 de enero pasado. El dato representa una diferencia de 5 puntos respecto de las estimaciones preliminares hechas por el propio Fondo a partir de modelos del Banco Mundial.
En su informe, el organismo advierte que la “Argentina ha experimentado un aumento tendencial de la pobreza“, y que dicha medición “aumentó alrededor del 45% más recientemente, impulsada por el aumento de los precios de la canasta básica de consumo (190% interanual hasta noviembre) y la disminución de los salarios reales de los trabajadores informales (20% interanual en octubre)”.
El último dato del INDEC muestra que la pobreza fue del 40,1% en el primer semestre (unas 18,5 millones de personas), casi 4 puntos más que en igual período de 2022. Luego, la inflación se aceleró por la devaluación de agosto, pero la pobreza bajó al 38-39% en el tercer trimestre por las medidas postPASO, para luego subir 6 puntos en el cuarto trimestre, según el Observatorio Social de la UCA.
Para el Fondo, Argentina cuenta con una “amplia” red de seguridad social, con un costo fiscal del 3,7% del PBI. La AUH alcanza a 4 millones de personas; las asignaciones familiares, a 5,5 millones; los beneficios en medicamentos para jubilados del PAMI, a 4 millones; el programa Alimentar, a 2,3 millones; Argentina Trabaja, a 1,3 millones; y las becas Progresar, a 1,8 millones.
Sin embargo, con una inflación corriendo el mes pasado al 25,5% y subas de tarifas de hasta el 200% en febrero según proyecciones del organismo, el informe del staff sostiene que el programa “deberá incluir una ampliación temporal de las ayudas sociales específicas para proteger a los más vulnerables del estallido inicial de la inflación y la contracción de la actividad”.
El Presidente ya había anunciado que “vienen meses duros” antes de devaluar en diciembre, lo que profundizó la caída de los ingresos y las jubilaciones. Ahora, preocupado por la inflación, el Gobierno pospuso el aumento en la tarifa de gas previsto a partir del 1 de febrero, dosificó en dos etapas la suba del impuesto al combustible y define si acelerar o no el dólar oficial.
“Con un aumento de precios en diciembre, cuando la gente tenga que cubrir la canasta de enero con ingresos de diciembre, es de esperar que la pobreza suba aún más y se acerque al 50%, mientras la indigencia habría aumentado, pero no de manera significativa por la duplicación de la AUH o la mejora del salario formal”, dijo Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.
Los especialistas coinciden en que la pobreza no aumentó aún más porque la recesión todavía no impactó en el empleo, sobre todo en los sectores informales. “Sin dudas, la pobreza aumentó, es el reverso de los ingresos, si caen los ingresos, la pobreza sube, en este período tiene relación con la inflación, todavía no es por desempleo”, señaló Luis Beccaria, economista de la UBA.
Para Salvia, los grupos más afectados son las familias jóvenes formales sin hijos, los trabajadores adultos ya con hijos mayores y los jubilados. En el caso de los adultos mayores, la economista Marina Dal Poggeto estima que si el gobierno mantiene la fórmula de movilidad vigente, el ajuste en ese sector podría llegar al 1,8% del PBI, más de cuatro veces lo previsto por el Ministerio de Economía.