El apoyo del Departamento de Justicia estadounidense es en el expediente en el cual los demandantes pidieron quedarse con las acciones de la petrolera. Se solicitó que se suspenda la medida mientras cursa la apelación
Cómo se había anticipado, el gobierno de Estados Unidos formalizó en la Justicia su apoyo a la Argentina en la causa YPF, una demanda que ya lleva 10 años y por la que el Estado local fue condenado en primera instancia, en 2023, a pagar más de USD 16.000 millones por expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
“El Gobierno argentino ha obtenido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, describió la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que reúne al cuerpo de abogados del Estado argentino y lleva adelante la defensa.
“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”, destacaron.
Conviene aclarar que no se trata de posturas vinculantes y que los jueces pueden analizar estas presentaciones y fallar en otro sentido. Ocurre de manera habitual y la jueza Preska ya falló en contra de la sugerencia del Departamento de Justicia en este mismo tramo de la demanda, la entrega de las acciones de la empresa a Burford Capital, el principal beneficiario del fallo condenatorio de primera instancia.
También, como estaba previsto, hoy los beneficiarios del fallo contra la Argentina presentaron sus argumentos para no demorar la ejecución de la sentencia.
Los argumentos de EEUU
“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, dicen los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU.
También se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que si entrega y transfiere las acciones de YPF a los acreedores en Estados Unidos “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.
“Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”, destacaron.
Y arriesgan que Argentina prevalecerá en la apelación porque la orden de traspaso del tribunal de distrito es incompatible con los principios mencionados.
“Una suspensión de apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”, dice otro de los pasajes que firmaron funcionarios estadounidenses.
Los tres documentos, uno por cada demandante, son similares y los firmaron Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal.