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Hay más de US$ 30.000 millones comprometidos en juicios causados por el kirchnerismo

La expropiación de YPF, la deuda con los holdouts, subestimación del PBI, dólar futuro y el arreglo con el Club de París.

Modificaciones en el cálculo del PBI, juicios con sentencia impagos a los acreedores, problemas en las expropiaciones. El kirchnerismo sigue acumulando fallos judiciales cuyo costo económico se mide en miles de millones de dólares. En menos de una semana, el Estado argentino fue intimado a pagar más de US$ 1.300 millones en Londres y una suma aún no determinada -pero de miles de millones- en Nueva York.

Los problemas con el pago de los cupones ya acumulan US$ 2.650 millones entre Londres y Nueva York, según Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas.

Como estos casos son de larga data -la expropiación de YPF es de 2012-, todavía faltan apelaciones que dilatarán los procesos. En el caso de YPF, el pago se tendría que hacer en 2024. La jueza Loretta Preska tiene que determinar a cuánto alcanza el laudo contra Argentina. Pero ya avisó que habrá que dejar una fianza.

Las negociaciones encabezadas por Axel Kicillof le costaron al país más de US$ 35.000 millones, según el mismo Prat Gay, quien sucedió en el Ministerio de Economía al propio Kicillof cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri.

La expropiación de YPF sigue siendo una de las fuentes más altas de erogaciones. El ex ministro de Economía Axel Kicillof (actual gobernador bonaerense) compensó a la española Repsol con US$ 5.000 millones por su participación en la petrolera. Todavía falta saber cuánto se le pagará al fondo Burford por la expropiación de YPF. Estimaciones prudentes hablan de US$ 3.500 millones, aunque Burford había pedido una compensación de US$ 14.000 millones.

Kicillof, que criticó a la Justicia estadounidense por el fallo sobre Repsol, es autor de otras acciones que generaron reacciones judiciales adversas.

En 2015, hubo un fallo a favor de los acreedores de la deuda argentina que no habían ingresado a las reestructuraciones de la deuda pública de 2005 y 2010. Se los llamó “holdouts” y el kirchnerismo los denominó “fondos buitres”.

Los acreedores fueron al juez Thomas Griessa, de la corte del distrito Sur de Nueva York, y obtuvieron una sentencia favorable. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (y actual vicepresidenta) decidió desconocer ese fallo. Pero la siguiente administración -la de Mauricio Macri- quería recuperar el acceso al crédito externo. Y eso no era posible con los embargos de los holdouts sobre los bienes argentinos (como sucedió con la Fragata Libertad).

Para arreglar con los holdouts, la administración de Macri tuvo que desembolsar US$ 12.627 millones, según Prat Gay, que fue uno de los artífices del arreglo. El entendimiento fue ratificado por el Congreso y allanaba el camino para que la gestión de Cambiemos recupere el acceso al crédito internacional.

Kicillof también se anotó una renegociación en su gestión como ministro de Economía. Fue con el Club de París, un grupo de acreedores europeos. Al 30 de abril de 2014 la deuda vencida impaga con el Club de París ascendía a US$ 4.955 millones. Sin embargo, el acuerdo fue por US$ 9.690 millones: la diferencia son intereses vencidos por US$ 1.102 millones e intereses moratorios por US$ 3.633 millones. Así, la cuenta de intereses incrementó un 95,6% el capital adeudado. Prat Gay entiende que esos intereses moratorios fueron excesivos.

Entre 2007 y 2014, también hubo una manipulación estadística sobre las cifras del Indec. Allí se modificaron algunos indicadores. Por ejemplo, el de la mejora interanual del PBI.

Como parte de la reestructuración de deuda de 2005, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna ofreció un cupón “atado al crecimiento”. La propuesta despertó entusiasmo. Los acreedores cobrarían un beneficio si el país crecía por arriba del 3,26% anual. Durante los primeros años, se cumplió. Pero luego el Indec modificó sus estadísticas -de la mano de Guillermo Moreno, ahora muy crítico de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner-, y los acreedores perdieron ese endulzante. También hubo un pleito cuyo costo no bajará de los US$ 2.650 millones.

También está la denominada causa de “dólar futuro”. El Banco Central vendía dólares a futuro -para cuando hubiera terminado su gestión, después de diciembre de 2015- a un precio que terminó siendo inferior a la cotización alcanzada en ese momento. El Gobierno usaba el dólar oficial (de $ 10 por ese entonces), aunque la cotización “informal” del billete -la que usaban ahorristas y muchos actores económicos- era de $ 15. Para arreglar ese desaguisado, la administración de Macri también pagó alrededor de US$ 3.500 millones.

La renegociación de la deuda soberana bonaerense también fue un error, según Prat Gay. El ex ministro y legislador entiende que el gobernador le agregó US$ 2.764 millones a la deuda.

“Las obligaciones de pago en los primeros 10 años pasaron de US$ 3.860 millones en la oferta original a US$ 6.624 millones” en la que finalmente fue aceptada por los acreedores, según el político opositor.

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