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viernes, septiembre 24, 2021
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La Corte Penal Internacional confirmó que hay evidencia para investigar a Venezuela por delitos de lesa humanidad

Así se desprende de un informe redactado por la fiscal saliente, Fatou Bensouda, en base a un examen que se inició en 2018.

En un informe dirigido a su sucesor en el cargo, Karim Khan, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, confirmó que existe evidencia suficiente para investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

“Las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017“, es la conclusión del reporte, basado en un “examen preliminar” que se empezó a hacer hace 3 años.

Esta investigación se lanzó en 2018 debido a las denuncias recibidas sobre las acciones del régimen de Nicolás Maduro, tanto en protestas callejeras como en cárceles y centros de detención.

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

Conocidas las conclusiones de Bensouda, la situación ahora queda en manos del nuevo fiscal, el británico Karim Khan, quien deberá determinar si abre una investigación formal en contra de Caracas, que es la fase siguiente en un proceso de la Corte Penal Internacional.

Vale aclarar que para que esto se ponga en marcha, no hace falta la autorización de los jueces de la CPI, sino que esto sucede de forma automática, dado que que en 2018 hubo seis países que remitieron el caso a la Corte: Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

La lista de los crímenes

En el documento presentado se enumera una lista de los crímenes sobre los cuales habría evidencia para investigar en Venezuela: privación de la libertad en violación de las normas del derecho internacional, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, y persecución contra un colectivo identificado por motivos políticos.

La razón por la cual se justifica una investigación de la CPI es la “inacción” del Estado venezolano frente a las denuncias recibidas.

La fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda. Foto: EFE

La fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda. Foto: EFE

Esta conclusión del informe de la fiscal saliente es de vital importancia, ya que permite la aplicación del artículo 17 del Estatuto de Roma, que básicamente establece que se proceda a abrir una investigación en aquellos casos en que se determine que un Estado no tenga voluntad o capacidad para llevar a cabo una investigación propia sobre ciertos crímenes.

En este sentido, el informe señala “el limitado número de procedimientos locales significativos relacionados con los potenciales casos identificados por la Fiscalía; su limitado alcance relativo a sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y continuos en aquellos casos para establecer la responsabilidad penal de las personas sospechosas”.

Los autores de la represión

El texto también deja en claro los distintos actores que habrían cometido estos los crímenes, desde organismos de seguridad del Estado hasta personas identificadas con el régimen que colaboraron con estos diversos cuerpos.

Entre los responsables estatales estarían la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El informe también apunta contra civiles que habrían tomado parte de estos crímenes, y asegura que “individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

En 2020, la oficina de Bensouda ya había concluido que existían indicios “razonables” de que se podrían haber crímenes contra la humanidad, en particular por los posibles abusos cometidos durante la detención.

Sin embargo, Bensouda abandonó su cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto, mientras a mediados de julio Venezuela solicitó al nuevo fiscal, Karim Khan, una visita al país caribeño para marcar una “hoja de ruta” sobre el proceso.

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