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martes, agosto 3, 2021
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La Fuerza Aérea informó que los 70 mil cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia no habían sido declarados

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart investiga un posible contrabando agravado de equipamiento hacia La Paz, en noviembre de 2019.

La feria judicial inició este lunes, pero la causa contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y autoridades de Gendarmería por el envío de material antidisturbios a Bolivia sigue avanzando, por orden del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. Esta semana ingresó un manifiesto de la Fuerza Aérea, donde se detalló que en la carga de equipamiento enviado a La Paz en noviembre de 2019 no estaban declarados los 70.000 cartuchos cuestionados. La causa es por contrabando agravado.

La denuncia fue presentada el 12 de julio ante la justicia federal, y fue el fiscal Claudio Navas Rial quien impulsó el caso. En su dictamen pidió “investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino”.

La persona que habría autorizado el grupo de traslado, sostiene el dictamen, fue la ex ministra Patricia Bullrich, y la provisión del avión que transportó el equipo humano inmaterial fue Oscar Aguad. En tanto, el fiscal menciona que el ex embajador argentino en Bolivia “habría recibido una carta que agradece la dotación del material cuestionado”.

En otro tramo de su escrito, señaló que dentro del esquema esgrimido por los denunciantes “los hechos habrían contado con algún nivel de conocimiento de quien ejercía el cargo de presidente de la Nación y comandante de las Fuerzas Armadas”. El texto no especifica si Mauricio Macri está acusado o no por la supuesta maniobra que desde ahora será investigada.

Los denunciantes fueron los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para que se investigue a Macri y a sus ex funcionarios por el “envío irregular de armamento y municiones” a aquel país “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

Con la investigación en curso, el juez López Biscayart firmó una serie de oficios para obtener toda la documentación del caso. Entre ellos, ordenó que se aporte el original de la carta supuestamente recibida en la embajada argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia del 15 de noviembre de 2019.

Al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) se le pidieron las constancias relativas a la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019. Como también los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave.

La Fuerza Aérea entregó ante el juzgado las constancias del vuelo. Entre ellas el manifiesto de carga, “donde se consignó que no estaban declarados los 70.000 cartuchos denunciados”, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.

Además de Macri y los ex ministros, en la causa están bajo investigación Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia; Jorge Dávila, ex director General de Aduanas; y Eugenio Cozzi, ex director Ejecutivo de la ANMaC -el ex RENAR, el organismo que autorizó el envío del material.

En primera instancia, tanto Bullrich como otros ex funcionarios justificaron el envío como parte de una tarea de logística destinada a preservar la embajada argentina en Bolivia, la integridad de funcionarios y periodistas, e incluso de ex ministros del gobierno de Morales.

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