El juez federal Sebastián Casanello requirió al Ministerio de Capital Humano que en un plazo máximo de 72 horas presente documentación que acredite el proceso de entrega y el estado de los casi 6 millones de kilos de alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. Es en función de la cautelar que dispuso el 27 de mayo pasado en la causa penal contra Pettovello. A la par, el gobierno busca ganar tiempo en el expediente que tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal donde se investiga el abastecimiento alimenticio de todos los comedores comunitarios del país.
El juez federal Sebastián Casanello intimó una vez más a la ministra Sandra Pettovello en la causa penal en la que se investiga el no reparto de casi 6 millones de kilos de comida retenidos en dos galpones del Ministerio de Capital Humano, que reveló El Destape. El magistrado requirió a la cartera que conduce Pettovello que en un plazo máximo de 72 horas presente la documentación que acredite el reparto y el estado de la comida retenida. En función de la cautelar que dispuso el 27 de mayo pasado, Casanello quiere que la ministra de Capital Humano dé cuenta de los alimentos que dice que entregó, haga un informe sobre el estado de la distribución de lo que se estaba por pudrir y entregue copia de los convenios que habría suscripto con las provincias para repartir los alimentos retaceados. Por esta causa, el gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia.
A la par, el Gobierno busca ganar tiempo en otro expediente que hace al hambre de la población y tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí se investiga el abastecimiento alimenticio de todos los comedores comunitarios del país. El lunes pasado a última hora, el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Niñez, dijo que está cumpliendo con la ejecución de los programas alimenticios algo que el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) ya demostró que no se está cumpliendo. Hay más de 100 comedores que no están recibiendo comida.
La nueva intimación
En la causa penal, donde se discute el reparto de casi 6 millones de kilos de comida retenidos en galpones, el juez Casanello dispuso el último miércoles que el Ministerio de Capital Humano presente en el término de 72 horas:
- Los remitos correspondientes a las entregas de alimentos que la cartera al mando de Pettovello dice que repartió e informó al juzgado el 29 de mayo pasado mediante correo electrónico. Según resaltó el juez, dichos alimentos fueron “referidos como ‘emergencias gubernamentales’ y ‘emergencias no gubernamentales’”. En un primer momento, cuando Ari Lijalad reveló que el ministerio de Capital Humano tenía la comida guardada desde al menos diciembre del año pasado, el gobierno dijo que esos alimentos eran para emergencias lo que quedó demostrado que era falso.
- “El remito de los 4.439 kg de harina de maíz entregados a la organización CONIN de la localidad de Capitán Sarmiento”, ubicado en la provincia de Buenos Aires, el 18 de junio pasado. Se trata del municipio gestionado por el macrista Javier Iguacel al que el gobierno envió parte de la comida luego que la Justicia comenzara a intimarla para presentar un plan de distribución urgente de los alimentos almacenados en los galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
- “Un informe del estado de distribución de la leche en polvo marca Cotar y las pasas de uva habidas en el depósito de la localidad de Villa Martelli, PBA, productos que estarían próximos a expirar”, tal como surge de los registros que el ministerio tuvo que entregar a la Justicia.
- “Un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación CONIN, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios”. El gobierno de Mieli recurrió a esa fundación que preside Abel Albino, un médico que promueve que no se usen preservativos, para repartir la comida pronta a vencer como respuesta desesperada ante la insistencia de la Justicia.
- “Copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos”. Luego de que la Cámara Federal porteña ratificara que Milei y Pettovello debían entregar un plan de distribución urgente de la comida retenida, el gobierno dijo que la repartiría con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pero a pedido de esas jurisdicciones, a las que derivó la logística para hacerse de los alimentos. Por eso el juez ahora quiere saber en qué estado se encuentra ese reparto. La modalidad de distribución fue informada por el Ministerio al juzgado comandado por Casanello el pasado 1° de julio. En esa línea, el juez requirió que “en caso de que se hubiese comenzado la ejecución de alguno de ellos, se solicita la remisión de un informe sobre su avance”.
Una causa incómoda que el Gobierno llevó a la Corte
El gobierno de Milei se vio obligado a ensayar algún tipo de reparto de la comida almacenada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo luego que 7 jueces penales sostuvieran que la entrega debe ser inmediata. A pesar de ello, como publicó este medio, este mes Milei y Pettovello presentaron un escrito para que la Corte Suprema revoque el fallo judicial que los obliga repartir los casi 6 millones de kilos de alimentos que comen polvo en los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social. Acudieron al máximo tribunal del país con un recurso firmado por el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem. Sostiene que la decisión de repartir la comida es una política no judiciable. Como el recurso no tiene efectos suspensivos, el gobierno debe repartir los alimentos. Por eso la nueva intimación de Casanello.
La causa por la no entrega de alimentos la inició el dirigente social y ex precandidato a presidente Juan Grabois. Tramita ante el juzgado de Casanello y la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa. Se trata de un caso que comenzó el 5 de febrero pasado pero que tuvo un fuerte impulso a fines de mayo luego que Ari Lijalad publicara en El Destape que el gobierno tenía guardados más de 5 millones de kilos de comida y que podría haber productos por vencerse. Grabois se hizo eco de lo publicado por El Destape y el 23 de mayo hizo una ampliación de denuncia contra Pettovello por esa cuestión. El planteo de Grabois derivó en que Casanello, a instancias también de la fiscal, le requiriera al gobierno un plan de distribución inmediato de la comida.
Lejos de cumplir la orden judicial, el gobierno apeló la decisión de Casanello. Recurrió a la Cámara Federal porteña, donde recibió otro revés judicial. Los jueces Roberto Boico, Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah le dieron la razón a Grabois. Pero Pettovello volvió a esquivar la requisitoria judicial y recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal –la máxima instancia penal del país- donde se volvió a ratificar lo ordenado por Casanello. Finalmente, intervino el procurador Barra y el gobierno fue a la Corte.
Los argumentos presentados por Barra, cuyo apellido pesa y fuerte en los tribunales, giran en torno a que el Poder Judicial no puede entrometerse en decisiones del Poder Ejecutivo como ser el reparto de los alimentos. Que la causa penal que inició Juan Grabois busca determinar si hubo delito en el no reparto de la comida (lo que es un hecho) pero que el juez Casanello se extralimitó al ordenarles repartir los alimentos. Barra plantea “una indebida intromisión del Poder Judicial”, que el fallo se mete con “cuestiones políticas no justiciables”, que es “una clara violación del principio de división de poderes”. No es así, ya que lo que hizo el juez Casanello es intervenir ante una situación concreta, el no reparto de comida que estaba por vencer, algo que está en sus facultades.
La otra causa que expone cómo Milei y Pettovello juegan con el hambre
A la par de la causa penal tramita otro expediente por el no reparto de comida a comedores y merenderos comunitarios de todo el país en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el gobierno también suma reveses e intimaciones. Allí los jueces Walter Lara Correa y Martín Cormick también le ordenaron al gobierno que cumpla con la ejecución de programas alimenticios que abastecen a comedores comunitarios.
Como publicó El Destape, el 25 de julio pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick desestimó un recurso de la cartera a cargo de Pettovello con el que pretendía no responder si interrumpió los planes alimenticios con los que se abastece a comedores comunitarios. Entonces Cormick le dio otro plazo de 48 horas para que acredite si está cumpliendo la cautelar que la obliga a no interrumpir los planes y programas con los que se envía comida a comedores y merenderos comunitarios y que se dispuso antes de la feria judicial. La UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya demostraron que Milei y Pettovello no están repartiendo los alimentos que debiera entregar.
El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, a cargo del juez Walter Lara Correa, antes de la feria judicial había aceptado al CELS como representante de una acción colectiva e hizo lugar a una medida cautelar que dispuso que la cartera a cargo de Pettovello “no innove respecto de los planes y programas” alimenticios. Cormick habilitó la feria para hacer lugar a la cautelar dispuesta por su colega. El gobierno no la cumplió.
“Nos encontramos frente a una cuestión de suma gravedad, donde se encuentra en riesgo el derecho a alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios”, cuestionó el CELS en esta causa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En ese expediente el lunes a última hora se presentó la subsecretaría de Niñez Yanina Nano Lembo, área que depende del ministerio Capital Humano, y aseguró que están cumpliendo con los programas alimentarios. El CELS ya demostró que no es así, que al menos 110 comedores no están recibiendo los alimentos que debieran recibir. Por lo que hará una nueva presentación judicial. Está más que claro que Milei y Pettovello buscan ganar tiempo en causas que hacen al hambre de la población.