La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaboró un informe sobre la violencia comunal desplegada contra personas en situación de calle, “trapitos” y cuidacoches.
Salen de noche, encapuchados, viajando en autos sin patentes, continuando el legado –el terror– de los grupos de tareas de la última dictadura cívico-militar. Estos agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad de General Pueyrredón, por ahora no matan, aunque no escondan las ganas. Despiertan a la gente en situación de calle con golpes e insultos, les destrozan o les roban lo poco que tienen, les tiran con gesto de asco las sobras que juntaron para comer y hasta se arrogan la decisión de expulsarlos a “su lugar de origen”, como el más severo oficial migratorio de cualquier aeropuerto.
Es el propio intendente y hacedor del monstruo, Guillermo Montenegro, quien difunde y celebra a través de sus redes sociales estas muchas violaciones de Derechos Humanos contra personas de vulnerabilidad extrema como si fueran virtuosos actos de gestión. Una política de la crueldad que la administración de Javier Milei no sólo reivindica, también aviva y expande, como signo de época.
“Montenegro operatiza los discursos de odio y violencia que bajan del gobierno nacional y los vuelve una política pública que vulnera Derechos Humanos y comete permanentemente delitos”, dice Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que elaboró un informe especial sobre la violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredón contra personas en situación de calle, “trapitos” y cuidacoches.
“En las acciones de estos funcionarios públicos que integran la Patrulla Municipal hay una deshumanización absoluta –continúa–. Se refieren a las personas en situación de calle como ‘fisuras’ o ‘mugrientos’; les roban la comida, los colchones, las frazadas. Incluso se despliegan por las noches encapuchados imitando la forma de operar de los grupos de tareas. Es notable cómo el gobierno municipal de Montenegro ha logrado comprometer a una institución de la democracia, transformándola en un organismo que viola leyes y hasta instala políticas migratorias en casos de personas que las han subido a micros y trenes para mandarlos de vuelta a la Ciudad de Buenos Aires”.
El repertorio ilegal de la patrulla de Mar del Plata
En su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM monitoreó el despliegue de políticas represivas implementadas por el Ejecutivo local en Mar del Plata (prácticas que se vienen realizando al menos desde mediados de 2024 y que cobraron especial intensidad en los primeros meses de 2025) al que describen como “violento, expulsivo y discriminatorio” y que estigmatiza a determinados sectores vulnerables vinculándolos con el delito.
“Violencia física y psíquica, amenazas, hostigamiento, abuso de autoridad, aplicación de gas pimienta o actuaciones que pueden asemejarse a grupos parapoliciales en vehículos y con personas sin identificación y con el rostro cubierto son parte del repertorio de acciones que constituyen delitos penados por nuestro Código Penal”, detalla el informe.
“En este caso –agrega el relevamiento– resulta especialmente grave que los discursos de odio se propaguen desde las plataformas digitales por el propio intendente y funcionarios de General Pueyrredón porque la difusión de sus actos de gobierno tiene mayor alcance. En ese sentido, el uso de foros digitales gana terreno para difundir estos discursos en el seno de la sociedad, institucionalizando la convalidación de actos ilegítimos por parte de funcionarios municipales”.
Para la CPM, el intendente Montenegro no sólo incumplió la obligación de denunciar las conductas ilícitas de sus funcionarios públicos (Artículo 248 del Código Penal) sino que “además las ha celebrado y reivindicado en mensajes y publicaciones que sin duda constituyen apología del delito (Artículo 213 del Código Penal) y violan las prescripciones de la Ley 23.592” que penaliza los actos discriminatorios en Argentina.
Indeseables
El informe destaca que “la definición política del Municipio de General Pueyrredón de constituir, por fuera del marco legal, un cuerpo de agentes municipales a los que se les asignó como objetivo considerar indeseables y expulsar de Mar del Plata a las personas que viven en la calle bajo extremas condiciones de pobreza y exclusión, trajo aparejada la aplicación sistemática de prácticas ilegales y violentas”.
“Tales medidas –concluye el documento– lesionan gravemente los Derechos Humanos y pueden implicar responsabilidad internacional para nuestro país en virtud de los tratados internacionales vigentes”.
Denuncia contra el intendente
El 24 de enero de 2025 la CPM, junto a la regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia penal ante la posible comisión de delitos por parte del intendente Guillermo Montenegro y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredón en perjuicio de diferentes personas en situación de vulnerabilidad. Allí se describió cómo diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en la vía pública, convalidadas e incluso publicadas vía redes sociales por aquellos funcionarios involucrados.