La Justicia rechazó una demanda presentada por la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) que buscaba declarar inconstitucional la Ley de Etiquetado Frontal y suspender su aplicación en el sector mediante una medida cautelar.
El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Santiago Carrillo desestimó la presentación y señaló que Caicha “carece de la legitimación procesal necesaria para que exista una ‘causa’, ‘caso’ o ‘controversia’” para iniciar una “acción colectiva” por este tema.
El magistrado rechazó la acción colectiva tras analizar el estatuto de la Cámara y estableció que “no puede concluirse que el accionante ostente legitimación procesal para promover la pretensión bajo estudio”.
En la demanda, la Cámara argumentó que la Ley de Etiquetado Frontal podría derivar en la “violación del derecho constitucional de los consumidores a obtener información adecuada y veraz” y que por eso “su planteo no se circunscribe a una hipotética disminución en las ventas de sus asociados”.
Por este planteo, solicitaron la inconstitucionalidad de la Ley 27.642, el Decreto 151/2022 y todas las normas reglamentarias, además de una cautelar que suspenda su aplicación hasta una resolución de fondo, algo que fue desestimado por el juez federal.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación respondió la demanda y advirtió sobre “la grave afectación al interés público que traería aparejada el otorgamiento de la medida cautelar requerida por la actora a la población en general, al Estado Nacional y, por lo tanto, a quienes habitan el suelo argentino”.
“En particular se identificarán las gravosas consecuencias que, medidas como la aquí solicitada, generan a la salud pública y a la población en general”, remarcaron.
En respuesta al punto de que la Ley podría afectar las ventas, desde la cartera que conduce Carla Vizzotti apuntaron que la cámara empresaria no presentó “ningún documento o estadística que respalde sus dichos”.