Horacio Jaunarena y otros referentes de la oposición advirtieron sobre artículos del proyecto enviado esta semana al Congreso. En particular, uno que dice que el ministro de Defensa de turno podrá ascender suboficiales a oficiales y otro que amplía sus facultades para retirar a los activos.
Diputados y referentes de Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo al proyecto de ley del régimen del personal militar de las fuerzas armadas porque autoriza al presidente a ascender suboficiales pasando por encima de la junta de calificaciones y sus superiores jerárquicos y limita la libertad de Expresión de los retirados, entre otros motivos. También objetan las nuevas facultades que tendría el ministro de Defensa para pasar a retiro a los militares en actividad.
El proyecto de ley, al que accedió Clarín, ingresó el lunes al Senado con la firma del ministro de Defensa Jorge Taiana y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consta de 117 artículos y cumple con la promesa que hizo el lunes 10 de julio el presidente Alberto Fernández en la tradicional cena de camaradería de las fuerzas armadas.
Ante una consulta de Clarín, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el radical Carlos Fernández, criticaron en particular el artículo 43.
Antes lo había rechazado el ex senador Miguel Angel Pichetto, el diputado de JxC José Luis Espert y el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, quienes afirmaron que abría la puerta a una eventual “chavización” de las FF.AA. es decir una ruptura de las jerarquías para darle poder a los suboficiales y soldados.
El artículo 43 dice textualmente que “el ascenso del personal de Oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el Presidente de la Nación y previo acuerdo del honorable Senado de la Nación a Oficial Superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de Suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. La Tropa y el Alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta”.
Además, en la introducción la iniciativa del Gobierno anuncia “la posibilidad de habilitar mecanismos para el pasaje de categoría de soldado a suboficial y a oficial, los cuales, en consonancia con el Sistema Democrático consagrado en nuestra Constitución Nacional, operan como un incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades, al progreso en la carrera y a la mejora profesional del conjunto en todos los sentidos”.
Es decir, sin la expresa opinión determinante de las juntas de calificaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que existen en forma histórica en las Fuerzas Armadas.
En un artículo de opinión enviado a Clarín, el tres veces ex ministro de Defensa Jaunarena negó que la oposición haya consensuado los cambios, como dice la introducción del proyecto de ley e hizo una serie de advertencias de fondo.
En el proyecto, advirtió el ex ministro de Raúl Alfonsín “se pretende consagrar las facultades delegadas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (el presidente) al Ministro de Defensa, para intervenir arbitrariamente, según criterios de preferencia, en cuestiones específicas y técnicas de las Fuerzas Armadas”.
Sobre todo “en los ascensos y retiros militares, intentando recrear en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas el mismo espíritu faccioso que se pretende instalar definitivamente en nuestra sociedad”.
A su vez, en el proyecto presentado por el radical Fernández y los diputados Alberto Asseff, Juan Aicega, Miguel Bazze, Hernán Berisso, Hernán, Gonzalo Del Cerro, Gonzalo, Luis Juez, Martín Medina, Martín, Julio Sahad, y Jorge Vara, otro es el criterio sobre los ascensos.
Por ejemplo, establece que “la calificación de las aptitudes del personal a ser consideradas para el ascenso, será responsabilidad de los respectivos Jefes de Estado Mayor General, con asesoramiento de Juntas de Calificaciones”, es decir sigue en manos de los militares y no de los políticos de turno.
Sin embargo, una fuente militar consultada por Clarín explicó que el sentido del artículo 43 “para los Suboficiales establece que el régimen es similar al de los oficiales, es decir, por Decreto Presidencial sin necesidad de acuerdo del Congreso”.
”Pero en ningún caso establece que las propuestas de ascenso pueden no venir de las Fuerzas a través de las respectivas Juntas de Calificaciones”, agregó aunque la fuente admitió que este sensible punto debería aclararse en una eventual reglamentación.
Por otra parte, el artículo 74 del proyecto del Gobierno, otro de los cuestionados, dice que “el pase del personal de la situación de actividad a la de retiro será dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de conformidad con las normas que se establezcan en la Reglamentación de esta ley”. La oposición también objeta la redacción de este artículo ya que, también, deja los puntos oscuros para ser aclarados en la eventual reglamentación de la ley si es aprobada por el Congreso.
El proyecto fue anunciado por el presidente en la cena de camaradería a la que asistieron Taiana, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Amadas, Juan Martín Paleo; los jefes del Ejército, Guillermo Pereda; de la Armada, Julio Guardia, y de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac, legisladores nacionales e invitados especiales.
En su discurso Fernández señaló que el proyecto de ley de Personal Militar “contempla el principio de igualdad y no discriminación de las personas, cualquiera sea su condición de género, orientación sexual, económica o social”. Entre ellos mencionó “el gobierno político de la Defensa Nacional, el principio de acción militar conjunta y el compromiso con los derechos humanos”.
El proyecto del gobierno recuerda que la “LEY PARA EL PERSONAL MILITAR N° 19.101, sancionada el 30 de junio de 1971, ha sido modificada por múltiples normas, ello sin contar las innumerables Reglamentaciones que existen en las TRES FUERZAS ARMADAS, las que se adecuaron a las exigencias de la diferente naturaleza de las mismas, pero de manera tal que sus disposiciones son de aplicación común y no establecen trato diferencial entre ellas para situaciones análogas, criterio que fue previsto expresamente en la ley, que también determinó que la Reglamentación sería jurisdiccional”.
Señala que se trata de “establecer el marco jurídico del régimen administrativo y de la carrera profesional del Personal Militar del EJÉRCITO ARGENTINO, de la ARMADA ARGENTINA y de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, cualquiera sea el destino en el cual preste servicio, y en los términos y condiciones particulares que establezca la respectiva Reglamentación”.
Añade que los militares tienen derecho “al respeto de su intimidad personal, de su identidad de género, de su orientación sexual, de su propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso, tanto sexual, de género, como profesional”.
“Son derechos del Personal Militar en situación de retiro: a. A votar. A expresarse libremente; no pudiendo comprometer cuestiones que hagan a la defensa nacional, divulgar información con clasificación de seguridad, afectar el estado general de disciplina, agraviar a las autoridades públicas, promover en dependencias y organismos militares actividades proselitistas de carácter político-partidario”, agrega.
La semana pasada, Pichetto, Burzaco y Espert denunciaron un “nuevo ensayo de ideologización y atropello contra las Fuerzas Armadas Argentinas (FAA), disfrazado detrás de un nuevo proyecto de ley” cuando aún no se conocía el texto oficial.
Los dirigentes políticos ratificaron en un documento que el “Gobierno nacional busca domesticar a las Fuerzas Armadas a través de una mayor injerencia en el sistema de ascensos, condicionando los mismos al criterio educativo de la altamente politizada Universidad de la Defensa Nacional y abriendo así, la puerta para someterlas a su juicio y voluntad”, agregaron en un comunicado publicado por Infobae.
Cómo se discutió el tema
El especialista en Defensa Marcel Serghini recordó que fue la tercera vez que el Presidente y la cuarta vez que el ministro anuncian este proyecto.
No obstante, ya que existe en el Congreso, desde diciembre 2021 un proyecto de Ley sobre el mismo tema, firmado por Carlos Fernández junto a 11 diputados más y que “aún tiene estado parlamentario”. Este expediente ha sido tratado en la Comisión de Defensa y girado a Asesores para su análisis no pudiendo hasta la fecha lograr su cometido por “la ausencia de los asesores del Frente de Todos”.
El ex diputado radical Fernández recordó que efectivamente hubo una comisión que trabajó siete meses en el 2021 sobre el anteproyecto de Reforma elaborado por el Estado Mayor Conjunto integrada por Jaunarena, entre otros.
También participó el general Olegario Pereda como Coordinador General del Estado Mayor Conjunto a cargo del Proyecto de Modificación de la Ley de Personal Militar 19.101, quien luego fue nombrado Comandante en Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino. La Comisión se dividió en dos, por un lado la elaboración de la mencionada ley, y por otro un proyecto de modificación de la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, Ley 28.848.
Sin embargo, Fernández negó que el proyecto del gobierno haya sido consensuado con la oposición. En algunos puntos hubo acuerdo pero “se trabó” en varios puntos, contó a este diario.
“Uno fue la libertad de expresión de los retirados”, quienes generalmente son sancionados cuando hablan sobre la política de Defensa, agregó. “La razón de la interrupción fue una discusión interna dentro del entonces Frente de Todos, en particular entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Patria”, recordó Fernández.
En el Instituto Patria tiene influencia el ex jefe del Ejército y aliado de Cristina Kirchner, general (RE) César Milani quien propiciaba un “ejército nacional y popular” y no profesional y apolítico. El general Paleo, la semana pasada, criticó la posición de Milani quien volvió a participar de actos oficiales, luego de que fuera absuelto en las causas por supuestas violaciones a los derechos humanos que tuvo.
“Hubo desacuerdo en el oficialismo sobre el grado de libertad de expresión de los efectivos de las Fuerzas Armadas en situación de actividad y en retiro efectivo”, subrayó el directivo del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad.
“El proyecto original incorporaba libertades de expresión en base a legislaciones comparativas de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América, pero esta parte fue eliminada”, destacó Fernández.
Frente a estas diferencias, Jaunarena presentó su renuncia a la Comisión a través de una nota firmada al Ministro de Defensa.
A su vez, Fernandez, presidente de la Comisión de Defensa de Diputados en el 2021, decidió presentar un proyecto junto a la firma de 11 diputados nacionales.
Fernández hizo las siguientes observaciones sobre el proyecto del Gobierno:
1. La estructura básica presentada del nuevo proyecto mantiene la base del proyecto que presenté, el mismo fue reproducido por el actual presidente de la Comisión de Defensa de la HCDN Diputado Nacional Alberto Asseff, para que mantenga su estado parlamentario
2. Muchos artículos incorporados en el proyecto presentado, fueron cambiados, en cuanto al trabajo realizado por la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE LAS LEYES DE PERSONAL Y DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS”, y deben ser analizados en profundidad.
3. En los considerandos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, se menciona que fue producto de un trabajo en conjunto con la oposición, cosa que no es correcta.
4. El proyecto que presenté es el proyecto que concitó el 92% de apoyo de todos los artículos, según el informe final del coordinador, entre todos los actores políticos e institucionales involucrados, y tiene en la actualidad estado parlamentario en la HCDN.
5. Existen otras diferencias, haberes, libertad de expresión, ascensos de suboficiales, etc. que no profundizo en este informe. Pero requerirían una discusión mucho más amplia.