El magistrado es investigado por coimas y enriquecimiento. Un abogado vinculado a arrepentidos apareció sin vida.
La causa penal por coimas y enriquecimiento ilícito contra el juez mendocino Walter Bento sigue generando impacto en la provincia, por la muerte de una abogado vinculado a los procesados en la causa.
El viernes pasado por la tarde, presuntamente se suicidó un abogado que era socio de dos colegas que aparecen como testigos arrepentidos de haber participado de la banda delictiva que otorgaba favores a cambio de dinero a presos de causas de contrabando y narcotráfico.
Bento está procesado y sus bienes inhibidos como jefe de una banda integrada por el despachante de aduana Diego Aliaga –quien fue asesinado en 2020 por un supuesto ajuste de cuentas-, y tres abogados para cobrar coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico.
El abogado que apareció muerto es Germán Zydiak (41), socio en el estudio de Martín Ríos y Matías Aramayo, dos de los imputados y testigos arrepentidos en la investigación contra el juez Bento y otros 20 procesados, que lleva adelante el fiscal general Dante Vega.
El propio Aramayo fue quien encontró el cuerpo de su colega en el despacho que comparte en calle Alpatacal al 1.300, de la capital mendocina. Intervino el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrelo, quien describió que el cuerpo de Zydiak estaba en el piso, con una bolsa en la cabeza cerrada con una cinta de embalar.
Los estudios forenses, según la investigación penal, confirmaron que se trataría de un suicidio y que no hubo indicios de terceros que hayan intervenido. El abogado había dejado una carta dedicada a su familia, donde mencionaba los motivos de su decisión.
Según información policial, la esposa del abogado dijo que su marido había comenzado a tomar calmantes porque estaba atravesando situaciones de estrés. Sus allegados hablan del temor que tenía de quedar involucrado en la causa, ir preso y que algún familiar suyo fuera amenazado.
Cuando los abogados Ríos y Aramayo declararon como arrepentidos y confesaron haber sido parte de la asociación ilícita investigada, obtuvieron la libertad condicionada. Aseguraron que Diego Aliaga, el ex despachante de aduana e informante policial asesinado a fines de julio del año pasado era el nexo con el juez mendocino. Y acusaron a otros dos abogados, Luciano Ortega y Jaime Alba, como encargados de pedir las coimas a los detenidos para acceder a beneficios.
Como adelantó Clarín, mientras resiste un proceso en el Consejo de la Magistratura que evaluará su eventual destitución, Bento firmó este lunes dos resoluciones que favorecieron al kirchnerismo y perjudicaron a Juntos por el Cambio, de cara a la PASO nacional en Mendoza el 12 de septiembre.
El magistrado, que entiende en causas electorales, avaló las listas colectoras en cargos de concejales en las próximas elecciones primarias, lo que permitirá que los candidatos al Congreso aparezcan en el cuarto oscuro en distintas listas.
Este fallo no sólo beneficia al kirchnerismo (Anabel Fernández Sagasti es una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner y busca su reelección), sino también a otro frente opositor de centro derecha, el Frente Vamos Mendocinos, que integran el Partido Demócrata, la Coalición Cívica y el MendoExit. Ambos son rivales de Juntos por el Cambio.
En otra resolución, el juez pidió que la Justicia provincial investigue al gobernador Rodolfo Suarez por su precandidatura a senador nacional como suplente. El conflicto surgió porque el artículo 115 de la Constitución provincial impide al gobernador ser electo senador nacional “hasta un año después de haber terminado su mandato”.
La postulación del actual mandatario de Mendoza como suplente de Alfredo Cornejo en el Senado (exgobernador, actual diputado nacional y presidente de la UCR nacional), parece una jugada para que, en dos años, Cornejo vuelva a postularse como gobernador y, en caso de ganar, Suarez ocupe su lugar en el Congreso.