Una reciente investigación del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -perteneciente al Ministerio de Transporte de la Nación- refleja que en guardias de hospitales de todo el país disminuyó la atención a personas conductoras involucradas en siniestros viales que declararon haber consumido alcohol previamente, comparado al último estudio realizado en 2018.

En el marco del Día Mundial Sin Alcohol, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, publicó la encuesta, que fue llevada adelante en las salas de emergencias de hospitales públicos a nivel federal y fue coordinada junto al Ministerio de Salud de la Nación y a la fundación especializada en toxicología Fundartox.

El trabajo revela que un 12,4% de los pacientes atendidos en la guardia lo fue como consecuencia de un incidente de tránsito, en comparación al 15,3% registrado en años anteriores. Además, el 22,1% del total de los conductores atendidos declararon haber consumido alcohol en las 6 horas previas al hecho, indicando una cifra menor a la alcanzada en 2018, que llegó hasta un 25,1%.

La hipótesis sobre este decrecimiento implica la entrada en vigencia, desde mayo de este año, de la Ley de Alcohol Cero al volante en todas las rutas nacionales del país y que funciona en 18 provincias argentinas, que no incluyen a Mendoza, San Juan -las dos vitivinícolas-, Santa Fe, Corrientes y Misiones.

“En aquellas provincias que adhieren a la ley nacional, los números son mejores que las que no lo tienen: por un lado muchos más conductores dan cero, es decir no especulan, y por otro, entre los alcoholizados, la curva de ingesta de alcohol es menor en las que rige la ley -donde se concentran en 0,2 o 0,3 mg/L- que en las que se permite hasta 0,5 mg/L -donde dan 1 g/L-“, explica a Página/12 el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por otro lado, también funciona desde diciembre de 2020 el programa Alcoholemia Federal, que reflejó que en ese momento la “tasa de 8 de cada 100 controlados daban positivo y hoy ese número se reduce a menos de la mitad, entre 2 y 3 por ciento”, indica el funcionario.

Entre los conductores que declararon haber ingerido alcohol previamente, el 26,4% fueron hombres y el 11,7% mujeres, reflejando una baja en ambos casos (respecto a los  28% y 14,3%, registrados en 2018). En cuanto al tipo de usuarios, la tendencia se presentó un 28,1% en automovilistas y un 22,5% en motociclistas.

Por otro lado, se destaca la vinculación entre el consumo de alcohol entre conductores siniestrados viales y el nivel de sus lesiones, en donde la presencia de alcohol aumentó la gravedad de las heridas, tanto en automovilistas como en motociclistas.

“En los países de bajos o medianos ingresos el costo de los siniestros viales puede llegar a superar incluso dos puntos del PBI -señala Martínez Carignano-. Los costos vinculados a la atención a los heridos, la división de emergencias, la atención hospitalaria, insumos médicos, profesionales, rehabilitación, sumado a los gastos en lo material y la pérdida de productividad de las personas heridas o muertas que por lo general son jóvenes general un daño enorme para el Estado. Cualquier dinero que se invierta en la prevención de esto va a ser, por lejos, un ahorro más que un gasto”.

Para el director de la ANSV: “Los siniestros viales estresan el sistema de salud fuertemente. Desde un punto de vista económico, de reducción de daños o incluso hasta individualista, no hay forma que alguien pueda sostener que no hay que invertir seguridad vial”.

En referencia al pronunciamiento del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei contra las políticas de prevención vial como los controles de alcoholemia donde manifestó en un programa del canal Crónica TV que “prohibir es cercenar la libertad de los individuos y está mal. Si te vas a emborrachar y te subís al auto, después pagá los costos”, Martínez Carignano expresó: “La posición fácil de decir ‘una luz roja hace que yo no pueda avanzar y coarta mi libertad’ resulta incompatible con una convivencia armoniosa. El tránsito no es otra cosa que interacción social. Por eso hace falta normas que lo regulen, agencias que lo controlen. Dejar esto librado al deseo de cada uno haría que en vez de tener 3800 muertos como tuvimos el año pasado tengamos seguramente una cifra muchísimo mayor”.

En esta línea agregó: “Los países centrales que suelen ser tomados como referencia por Javier Milei son países con una enorme trayectoria en seguridad vial, con una gran presencia del Estado, donde hay controles fuertes. Lejos de desentenderse con esa tarea que es indelegable, el Estado sabe que con esa tarea ahorra plata y salva vidas”.

Informe: Carla Spinelli